Los costes asociados a los servicios de operación del sistema eléctrico están aumentando de forma significativa y se consolidan como un elemento estructural en la factura de la luz. En los primeros 23 días de abril, los consumidores han soportado un sobrecoste medio de 23,58 €/MWh por la adquisición de energía eléctrica.
En este periodo, el impacto económico de estos costes ha superado los 320 millones de euros, mientras que en el conjunto de 2026 ya alcanza cerca de 1.800 millones. En numerosos días, estos costes han llegado a situarse por encima del propio precio mayorista de la electricidad, evidenciando su creciente peso en el sistema.
Este incremento tiene un efecto directo tanto en hogares como en empresas. En el caso del sector industrial, estos costes adicionales pueden llegar a representar hasta el 25 % del coste de fabricación de determinados productos.
Un coste en crecimiento que impacta en el sistema eléctrico
La evolución reciente muestra que los costes de los servicios de operación han experimentado un incremento sostenido en los últimos meses. Actualmente, una parte relevante de la factura eléctrica ya no está vinculada al mercado mayorista, sino a estos servicios necesarios para garantizar el equilibrio del sistema.
Este aumento se ha visto reforzado por la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada. Tras el apagón del 28 de abril, el uso de este mecanismo se ha intensificado, lo que ha contribuido a elevar los costes soportados por consumidores y empresas.
Como consecuencia, se genera una señal de precios distorsionada que encarece el suministro eléctrico y afecta a la competitividad de la economía.
Propuestas para mejorar la transparencia y reducir costes
Ante esta situación, diferentes asociaciones del sector energético y de consumidores han planteado la necesidad de adoptar medidas que permitan corregir estas distorsiones.
Entre las propuestas destaca la mejora de la transparencia y el desglose de los costes de operación del sistema, así como un mayor control por parte de la CNMC. También se plantea la necesidad de publicar información periódica y detallada, junto con un plan que establezca el fin del uso de la operación reforzada.
Asimismo, se propone analizar soluciones regulatorias que permitan financiar estos servicios a través de costes regulados, con el objetivo de garantizar su cobertura sin penalizar a la industria.
Hacia un marco más estable y competitivo
Otra de las líneas de actuación pasa por avanzar hacia una reforma estructural de la fiscalidad energética que permita establecer un marco estable y coherente con los objetivos de descarbonización y competitividad.
La consolidación de medidas como la suspensión de determinados impuestos energéticos podría contribuir a evitar la introducción de costes adicionales que encarezcan artificialmente la electricidad.
En este contexto, se considera necesario alinear las decisiones regulatorias y operativas con los objetivos de reducción de costes, competitividad industrial y transición energética, garantizando al mismo tiempo la seguridad del suministro.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Aelec, Acenel, Acie, AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y Consumes.
