La eliminación escalonada del impuesto sobre la generación eléctrica mejora el posicionamiento de los productores españoles y crea un entorno más favorable para el almacenamiento y la transición energética.
La eliminación gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica, abre un escenario más favorable para el sector energético español. La medida permitirá reforzar la competitividad de la generación nacional, reducir parte de la presión que soportan los consumidores y crear un marco más atractivo para el desarrollo de proyectos de energías renovables y almacenamiento.
El Real Decreto-ley 18/2026, que entra en vigor el 1 de julio de 2026, establece un calendario para la desaparición progresiva del impuesto. Durante 2026 la reducción se aplicará mediante minoraciones de la base imponible; en 2027 el gravamen quedará fijado en el 3,5% y, desde el 1 de enero de 2028, desaparecerá por completo.
A lo largo de 2026, la base imponible del IVPEE experimentará distintas reducciones: un 10% durante el primer trimestre, un 100% en el segundo, un 30% en el tercero y un 40% en el cuarto. Según el Gobierno, esta fórmula supone una rebaja equivalente a reducir el impuesto del 7% al 5% en el conjunto del ejercicio.
Un tributo nacido para afrontar el déficit tarifario
El IVPEE fue creado mediante la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. El impuesto grava el valor de la producción eléctrica incorporada al sistema y se calcula sobre los ingresos obtenidos por los productores.
Su aprobación respondió al contexto del déficit tarifario del sistema eléctrico. De acuerdo con los datos facilitados entonces por el Gobierno, a finales de 2011 el déficit acumulado rondaba los 24.000 millones de euros. El objetivo de aquel paquete fiscal era contribuir al equilibrio económico del sistema eléctrico.
Desde su implantación, el IVPEE se ha convertido en uno de los tributos más discutidos del mercado eléctrico español. Aunque recae formalmente sobre los productores, su coste puede trasladarse a las ofertas presentadas en el mercado mayorista, repercutiendo indirectamente en el precio final de la electricidad.
Repercusión para hogares e industria
Durante años, el impuesto del 7% ha incrementado los costes soportados por los productores de electricidad. Aunque no aparece reflejado de forma directa en la factura de los consumidores, sí puede influir en el precio mayorista al incorporarse a las ofertas de generación.
Esta situación afecta tanto a los consumidores domésticos como a los grandes consumidores industriales. En sectores electrointensivos, donde el coste energético condiciona la competitividad, cualquier reducción de los costes asociados al suministro eléctrico puede traducirse en una mejora de su posición frente a otros mercados internacionales.
Más competitividad para la generación española
Uno de los principales argumentos a favor de la desaparición del IVPEE reside en su impacto sobre la competitividad de los productores nacionales.
En un mercado eléctrico europeo cada vez más integrado, España mantenía un gravamen del 7% sobre la generación eléctrica mientras países como Francia, Alemania o Portugal carecen de un impuesto equivalente. Esta circunstancia situaba a los productores españoles en una posición menos competitiva al incorporar ese coste adicional a sus ofertas.
La reducción progresiva del impuesto acerca el marco fiscal español al existente en otros mercados europeos y mejora la rentabilidad relativa de la generación nacional.
Cuando los productores españoles incluyen el coste del IVPEE en sus ofertas, estas pueden perder competitividad frente a la electricidad procedente de otros sistemas interconectados, favoreciendo las importaciones y reduciendo el peso de la producción nacional.
AleaSoft Energy Forecasting ha señalado en distintas ocasiones que este impuesto penaliza a los generadores españoles y puede introducir distorsiones en la competencia del mercado eléctrico. En este sentido, considera que su desaparición progresiva contribuirá a un funcionamiento más eficiente del mercado y a un entorno más equilibrado para la generación.
Un impuesto marcado por sucesivas suspensiones
Desde su creación, el IVPEE ha atravesado distintas etapas de suspensión, prórrogas y reactivaciones.
La primera interrupción llegó en octubre de 2018 ante el incremento del precio de la electricidad y la preocupación por su impacto sobre los consumidores.
Posteriormente, durante la crisis energética de 2021 y 2022, el Gobierno volvió a suspender temporalmente el impuesto dentro del conjunto de medidas destinadas a reducir los costes energéticos. Esa suspensión se prolongó en varias ocasiones hasta finales de 2023.
En 2024 el impuesto recuperó su aplicación de forma gradual. Aunque el tipo legal permaneció en el 7%, durante el primer semestre se establecieron reducciones temporales de la base imponible, mientras que desde el 1 de julio volvió a aplicarse íntegramente.
Con el Real Decreto-ley 18/2026 se inicia una nueva etapa que culminará con la desaparición definitiva del impuesto en 2028.
Un efecto condicionado por múltiples variables del mercado
La eliminación progresiva del IVPEE no implica automáticamente una reducción equivalente en el precio de la electricidad.
Aunque el impuesto incrementa los costes de generación, las distintas tecnologías presentan diferente capacidad para trasladar ese coste a sus ofertas. Las tecnologías gestionables disponen de mayor margen para hacerlo, mientras que la eólica o la solar fotovoltaica dependen de la disponibilidad del recurso y cuentan con una capacidad distinta de ajuste.
Por ello, el efecto sobre el mercado mayorista deberá analizarse con cautela. La reducción del impuesto no supone una caída automática, directa ni permanente del 7% en el precio de la electricidad, sino que dependerá del comportamiento de los productores y de las circunstancias del mercado.
Además, la evolución de los precios seguirá condicionada por factores como la cotización del gas, los derechos de emisión de CO₂, la demanda eléctrica, la producción renovable, la disponibilidad de las centrales, las reservas hidroeléctricas y el grado de interconexión con otros mercados europeos.
En este escenario, la desaparición gradual del IVPEE constituye una medida positiva para reducir costes y mejorar la competitividad, aunque su impacto definitivo sobre los precios dependerá de la evolución del conjunto de estas variables.
Un estímulo para renovables y almacenamiento
La reforma fiscal también puede favorecer el desarrollo de nuevas inversiones.
España necesita seguir incorporando capacidad renovable, almacenamiento e instalaciones híbridas para avanzar en la transición energética, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico.
En este contexto, un marco tributario que no penalice la producción eléctrica contribuye a mejorar la rentabilidad prevista de los proyectos y refuerza la confianza de promotores, entidades financieras e inversores.
La reducción progresiva del IVPEE puede traducirse en mejores condiciones económicas para las inversiones en energías renovables y almacenamiento.
En particular, el almacenamiento energético desempeñará un papel decisivo para integrar una mayor generación renovable, minimizar vertidos, gestionar la volatilidad de los precios y aportar flexibilidad al sistema. Un entorno regulatorio y fiscal más favorable puede acelerar el despliegue de estas tecnologías.
Una fiscalidad adaptada a la transición energética
El IVPEE nació en un escenario muy distinto al actual, condicionado por el déficit tarifario y la necesidad de financiar los costes del sistema eléctrico.
Más de una década después, el sector energético afronta una transformación impulsada por el crecimiento de las energías renovables, la electrificación de la demanda, el almacenamiento y la integración de los mercados europeos.
En este nuevo contexto, la política fiscal debe alinearse con los objetivos de competitividad, descarbonización, seguridad de suministro y atracción de inversiones.
La eliminación progresiva del IVPEE representa un avance en esa dirección al reducir una carga fiscal que afectaba a la generación eléctrica española y que podía repercutir tanto en productores como en consumidores.
Para AleaSoft Energy Forecasting, la medida supone un paso positivo para el sector energético porque favorece una señal de precios más eficiente, mejora la competitividad de la generación nacional, reduce parte de la presión sobre los consumidores y crea un entorno más favorable para nuevas inversiones en energías renovables, almacenamiento e hibridación.
Análisis para la toma de decisiones
AleaSoft Energy Forecasting considera que la reducción progresiva del IVPEE pone de manifiesto la importancia de evaluar el impacto que los cambios regulatorios tienen sobre los ingresos, los costes y la rentabilidad de los proyectos energéticos.
La compañía presta apoyo a productores, grandes consumidores, fondos de inversión y entidades financieras mediante el análisis de escenarios, la evaluación de riesgos y la planificación estratégica de proyectos relacionados con energías renovables, almacenamiento, hibridación y contratos PPA.
En un mercado en constante evolución, disponer de análisis rigurosos permite identificar oportunidades, reducir la incertidumbre y respaldar la toma de decisiones.
