La asociación figura entre las entidades que piden a España frenar una medida que, según advierten, podría superar los 1.800 millones de euros anuales sin garantizar más reciclaje.
FEGECA participa, junto a asociaciones de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, en la petición al Gobierno español para que rechace el nuevo gravamen propuesto por la Unión Europea sobre residuos electrónicos no recogidos.
La medida, incluida en el Marco Financiero Plurianual de la UE, plantea aplicar una contribución de 2 euros por cada kilogramo de residuo de aparatos eléctricos y electrónicos que no se recoja respecto al volumen de productos introducidos en el mercado.
Las entidades firmantes, entre ellas FEGECA, apoyan los objetivos comunitarios de protección ambiental y de avance hacia una economía circular. Sin embargo, sostienen que el gravamen tiene un carácter recaudatorio y que elevaría los costes de producción de la industria sin asegurar una mejora de la recogida y el reciclaje.
Más de 1.800 millones de euros anuales en España
Según las organizaciones, la propuesta podría representar una carga fiscal superior a 1.800 millones de euros al año en España y superar los 17.000 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea.
El sector alerta de que, si el coste se trasladara a los fabricantes por vía impositiva, se produciría un incremento relevante de los costes empresariales. Esta situación, según las entidades, podría perjudicar a la competitividad industrial, frenar inversiones y aumentar las exigencias administrativas.
También advierten de que el importe del gravamen podría aumentar mediante ajustes anuales negociados en el Consejo de la Unión Europea.
Recogida, trazabilidad y economía circular
Las organizaciones firmantes consideran que el sistema debería centrarse en mejorar la recogida de residuos electrónicos y reforzar las infraestructuras vinculadas a su reciclaje. A su juicio, los recursos obtenidos con el gravamen no tienen garantizado un destino específico para financiar estas actuaciones.
El documento cuestiona que los ingresos comunitarios se vinculen a los residuos no recogidos, al considerar que ello puede generar un conflicto entre la recaudación y el objetivo de elevar las tasas de recogida.
Asimismo, las asociaciones señalan que el modelo puede entrar en contradicción con las políticas europeas que impulsan productos más duraderos. Los fabricantes invierten en diseño, reparación, reacondicionamiento y piezas de repuesto para prolongar la vida útil de los equipos, pero el cálculo previsto compara los productos puestos en el mercado con los residuos recogidos.
Esto podría provocar que aparatos que continúan en uso se contabilicen como residuos no recogidos, según los firmantes.
Dudas sobre la fiabilidad de los datos
El sector también plantea reservas sobre la fiabilidad, comparabilidad y verificación de los datos nacionales de recogida que servirían de base para calcular las contribuciones. El documento recuerda las deficiencias identificadas por el Tribunal de Cuentas Europeo, como la falta de obligación para que los Estados miembros verifiquen sus datos o la ausencia de una base jurídica para que Eurostat los audite.
Las entidades reclaman que cualquier contribución de esta magnitud se fundamente en datos sólidos, contrastables y comparables.
Como alternativa al nuevo gravamen, las asociaciones proponen aprovechar la revisión de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). El objetivo sería corregir las deficiencias estructurales del sistema, reforzar la trazabilidad, mejorar la aplicación de la normativa y combatir el incumplimiento, incluido el de los vendedores online.
Junto a FEGECA, el documento está firmado por APPLiA España, AFEC, AFME, AMETIC, ANFALUM, CEPCO, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, ERP, EcoRAEEs, Recyclia, REINICIA y Sunreuse.



