Diversos colectivos ecologistas, encabezados por el Colectivo Tamaranae y apoyados por organizaciones como Turcón y la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, han denunciado la falta de planificación en la implantación de energías renovables en Canarias. A través de una campaña de alegaciones a la Consulta Pública Previa sobre la identificación de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), advierten sobre el impacto ambiental y social de estos proyectos.
Las organizaciones critican la destrucción de hábitats esenciales, la pérdida de suelo agrícola y la falta de evaluaciones ambientales rigurosas, además del perjuicio a la salud de las comunidades locales. Acusan al Gobierno de Canarias de favorecer a grandes empresas sin garantizar la sostenibilidad ni la participación ciudadana.
Los colectivos exigen una transición energética justa y planificada, priorizando la instalación de energías renovables en infraestructuras ya existentes y evitando afectar espacios protegidos y zonas agrícolas. Subrayan la necesidad de cumplir con la normativa ambiental y garantizar que la lucha contra el cambio climático no implique la degradación del territorio canario.
A iniciativa del Colectivo Tamaranae, se ha lanzado una campaña de alegaciones en respuesta a la Consulta Pública Previa para la Propuesta de Decreto de Identificación de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Canarias. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversos colectivos de las islas, entre ellos Turcón y la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción. Las organizaciones ecologistas advierten sobre la implantación descontrolada de macroproyectos energéticos que están causando daños irreversibles al territorio, la biodiversidad y la población, todo ello sin una planificación adecuada ni garantías de sostenibilidad.
Destrucción del territorio y amenaza para la biodiversidad
Los colectivos firmantes alertan que la instalación de grandes infraestructuras eólicas y fotovoltaicas está degradando hábitats esenciales para numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción. Espacios valiosos como los tabaibales y cardonales, áreas prioritarias para la avifauna amenazada y entornos semidesérticos de alto valor ecológico están siendo sacrificados en favor de proyectos que benefician a grandes corporaciones, sin considerar el impacto ambiental acumulativo.
“Es inadmisible que se continúe promoviendo un modelo energético basado en la especulación y el beneficio privado, mientras se ignoran los impactos sobre especies protegidas y se vulnera la normativa ambiental”, denuncian los representantes de los colectivos.
Pérdida de suelo agrícola y amenaza a la soberanía alimentaria
Estos colectivos también señalan que la expansión descontrolada de las energías renovables está provocando la pérdida de suelo rústico protegido, contradiciendo las estrategias de soberanía y seguridad alimentaria. “El Gobierno de Canarias está desprotegiendo el suelo mediante declaraciones de interés general que favorecen a empresas privadas, sin evaluar el impacto en el territorio ni en la población local”, afirman.
Falta de planificación y deficiencias en la evaluación ambiental
Critican que la implementación de renovables en Canarias se lleva a cabo sin una planificación energética a largo plazo y con evaluaciones ambientales insuficientes. En el caso de los parques fotovoltaicos, las empresas fragmentan proyectos para eludir la evaluación ambiental, mientras que en los parques eólicos se desestiman informes técnicos que advierten de graves afectaciones a especies protegidas y a espacios naturales.
“No se está cumpliendo la legislación ambiental ni las directivas europeas que obligan a evaluar el impacto acumulativo de estos proyectos. Esta falta de control está condenando a la biodiversidad canaria a un colapso irreversible”, advierten las organizaciones ecologistas.
Impacto en la salud de la población
Además del daño ambiental, denuncian los graves perjuicios que estas infraestructuras están causando a las comunidades locales. El polvo en suspensión, el ruido de los aerogeneradores y el efecto sombra de las instalaciones están afectando la salud y calidad de vida de los vecinos, sin que se les compense ni se les permita participar en la toma de decisiones.
Exigencias para una transición energética justa
Los colectivos reclaman que la planificación de las ZAR se realice con criterios ambientales y sociales estrictos, priorizando la instalación de renovables en espacios antropizados como tejados, aparcamientos e infraestructuras existentes. Exigen también que se excluyan espacios protegidos, zonas agrícolas y áreas prioritarias para la biodiversidad.
“No nos oponemos a las energías renovables, pero exigimos que su desarrollo sea justo, sostenible y democrático. No podemos permitir que la lucha contra el cambio climático se convierta en una excusa para seguir destruyendo nuestro territorio”, concluyen los colectivos firmantes.
Contexto adicional
El Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente una consulta pública previa para la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), con el objetivo de alcanzar un 58% de penetración de energías renovables para 2030 y un sistema energético 100% sostenible para 2040. Sin embargo, las organizaciones ecologistas critican que esta iniciativa carece de una planificación adecuada y no garantiza la protección del medio ambiente ni la participación de las comunidades locales.
Además, experiencias similares en otras regiones de España, como en Baleares y Aragón, han mostrado que la falta de criterios territoriales claros y la desregulación en la autorización de proyectos renovables pueden conducir a impactos negativos en el paisaje, los ecosistemas y la participación local.
Es fundamental que la transición hacia energías limpias se realice de manera ordenada, respetuosa con el medio ambiente y con la implicación activa de las comunidades locales, para evitar repetir errores y asegurar un desarrollo verdaderamente sostenible.
Fuentes: cadenaser.com, gobiernodecanarias.org, elpaiscanario.com, occet.es
