El sector de las energías renovables en Canarias ha manifestado su preocupación por el decreto que obliga a una participación ciudadana del 20% en la financiación de las empresas radicadas en el archipiélago. Durante el III Foro Sectorial de Energías Renovables de Canarias, UNEF expresó su temor de que esta exigencia ralentice o impida proyectos, especialmente debido a la obligación de que al menos un 10% de los participantes sean residentes locales con dos años de empadronamiento.
Además, se criticó la composición de la comisión encargada de la regulación y la excesiva burocracia en el sector. En respuesta, el Gobierno de Canarias destacó iniciativas como las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) para agilizar trámites y el impulso de la eólica marina en el archipiélago.
A nivel nacional, casos como el de Galicia han demostrado cómo la falta de consenso y la intervención judicial pueden frenar el desarrollo renovable. El Gobierno canario defiende que la participación ciudadana en estos proyectos es una oportunidad económica, pero el sector considera que su obligatoriedad puede ser una barrera para la inversión.
El borrador de la Ley, que ha concluido su periodo de consultas, exige una participación ciudadana del 20% en la financiación de las empresas radicadas en el Archipiélago
Inquietud en el sector de las energías renovables
Los empresarios del sector de las energías renovables, especialmente las pequeñas y medianas empresas, así como los inversores vinculados a esta industria, han manifestado su preocupación por el decreto que obliga a una participación ciudadana del 20% en la financiación de las empresas ubicadas en las islas. Este borrador de la Ley ha finalizado recientemente su periodo de consultas.
Esta inquietud se hizo evidente durante el III Foro Sectorial de Energías Renovables de Canarias, celebrado el jueves 20 de marzo en Tenerife. Entre las voces destacadas se encuentra la de Amparo Agrait, directora de relaciones institucionales de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la principal asociación del sector de la energía solar en España, que representa a unos 800 asociados. Agrait expuso las alegaciones presentadas por la asociación “para defender a sus asociados”.
Temor a la paralización de proyectos
Hace un año, UNEF abogaba por eliminar la obligatoriedad de la participación ciudadana. En esta ocasión, la asociación se mostró más abierta al diálogo, pero expresó su temor de que ciertos aspectos de la Ley puedan ralentizar o incluso impedir la ejecución de proyectos.
Agrait señaló que dentro de ese 20% de participación ciudadana, “a nivel de personas físicas, se exige que haya una participación de un 10% de personas empadronadas desde dos años antes en la misma localidad en la que se desarrolla el proyecto”. Según la directora, en muchos casos podría no lograrse esta participación, lo que podría llevar a que la autorización no se conceda o se retrase.
Composición de la comisión y burocracia
UNEF también cuestiona la composición de la comisión descrita en la Ley, integrada por dos miembros de la Dirección de Energía del Gobierno, un representante municipal “y un solo representante del sector de las renovables”. Para Agrait, este reparto debería ser “más equitativo”.
Otra preocupación del sector es la que consideran una excesiva burocracia para obtener ayudas, licitaciones o permisos para ejecutar proyectos. Al respecto, Alberto Hernández, director general de Energía del Gobierno de Canarias, aseguró que entre sus prioridades está “eliminar las trabas burocráticas para aprovechar todo el potencial de las Islas”.
Iniciativas gubernamentales para agilizar proyectos
Para ello, el Gobierno ha impulsado “las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), una iniciativa pionera que permite identificar y preautorizar áreas óptimas para las instalaciones de renovables, reduciendo los tiempos de tramitación y aportando seguridad jurídica a los promotores”.
Además, Hernández destacó “otro de los hitos de este Gobierno”, que es “el impulso a la eólica marina, con Canarias a la cabeza del desarrollo de esta energía en España”. Anunció que el primer parque de este tipo estará en funcionamiento “en esta década”.
Posición de UNEF sobre la obligatoriedad de la participación ciudadana
UNEF valora positivamente la participación social en los proyectos solares en Canarias, pero considera que hacerla obligatoria es un atentado a la libertad de empresa. La asociación argumenta que la integración de la participación local en los proyectos solares debe realizarse de forma adecuada para no convertirse en una barrera que pueda poner en riesgo el desarrollo y la transición energética de las Islas. Han propuesto al Gobierno canario “eliminar el artículo 64 del Decreto Ley 5/2024 o, en su defecto, introducir una disposición transitoria que exima de su cumplimiento hasta que no se haya publicado una regulación específica de los criterios y requisitos para la participación local en los proyectos de energías renovables”.
Experiencias en otras regiones y la importancia de la participación ciudadana
La participación ciudadana en proyectos de energías renovables es un tema que ha generado debate en diversas regiones de España. Por ejemplo, en Galicia, más de 60 proyectos de parques eólicos han sido paralizados debido a decisiones judiciales y protestas sociales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha detenido estos proyectos por razones ambientales, emitiendo 151 autos de suspensión para parques que ya tenían autorización para su construcción. Esta acción ha generado incertidumbre y ha dejado al sector eólico frenado hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita un veredicto. La Xunta de Galicia y el Ministerio para la Transición Ecológica están interviniendo en el caso para defender el desarrollo de proyectos de energía renovable. Además, se aprobó una polémica ley que obliga a los promotores a vender el 50% de la energía a residentes gallegos y a repotenciar parques eólicos antiguos, lo cual ha sido criticado por la industria. Ecologistas y asociaciones vecinales también denuncian que estos proyectos no traen suficiente beneficio local y causan daños ambientales irreversibles.
En Canarias, el Gobierno busca reducir la contaminación al 30% mediante la introducción del gas en la generación eléctrica, según el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata. Las centrales térmicas de las islas, que representan el 90% de la contaminación por generación eléctrica debido al uso de fuel oil, serán renovadas y adaptadas para utilizar gas, mejorando la eficiencia y permitiendo la penetración de energías renovables. Además, se espera la entrada de nuevas empresas en el sector energético para competir con Endesa. Se promoverá la transparencia y participación ciudadana en proyectos de renovables, permitiendo que los habitantes inviertan en estos proyectos y obtengan beneficios en sus facturas de luz.
Estas experiencias resaltan la importancia de diseñar marcos legales que equilibren la promoción de las energías renovables con la participación y el beneficio.
