El Gobierno y sus socios negocian mantener un gravamen a las grandes empresas en busca de justicia fiscal y sostenibilidad
El Gobierno español y sus socios parlamentarios en el Congreso, liderados por el PSOE y el partido Sumar, están ultimando enmiendas a un proyecto de ley fiscal que persigue dos objetivos clave: establecer un impuesto mínimo global para multinacionales y hacer permanente un gravamen adicional sobre los sectores bancario y energético. Esta legislación, orientada a asegurar que las grandes empresas contribuyan de forma proporcional a sus beneficios, afecta principalmente a grupos con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales. A partir de esta norma, el Gobierno busca evitar la evasión fiscal y ajustar los impuestos de modo que los conglomerados empresariales contribuyan de forma justa a los ingresos del Estado.
Dentro de la propuesta actual, que incluye un impuesto corporativo mínimo del 15% sobre los beneficios reales, se prevé convertir en permanente el gravamen temporal de banca y energéticas que expira en diciembre de 2023. Esta medida ha dividido opiniones entre los socios de Gobierno. Partidos como PNV y Junts manifiestan preocupación por el posible impacto negativo sobre la inversión en sus regiones. Representantes de ambas formaciones advierten que, si el gravamen no se convierte en un impuesto permanente y adaptable regionalmente, podrían retirar su apoyo. En el caso de las energéticas, por ejemplo, el PNV busca que el impuesto pase de ser una “prestación patrimonial no tributaria” a un verdadero tributo, lo que permitiría su gestión directa en País Vasco y Navarra.
Los socios de izquierda, como Bildu, ERC y Sumar, ven en la permanencia del impuesto una oportunidad para reducir desigualdades y mejorar la justicia fiscal. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha defendido la medida argumentando que es necesaria para una redistribución más equitativa. ERC, en especial, subraya el impacto ambiental, considerando el papel contaminante de ciertas empresas en el índice Ibex 35. A largo plazo, el objetivo de esta reforma es aumentar la recaudación de hasta 10.000 millones de euros, medida respaldada por una reestructuración del sistema fiscal español que apunta a igualar su ratio de recaudación sobre PIB al promedio europeo.
La propuesta incluye incentivos para las empresas que apuesten por proyectos sostenibles, como inversiones en energías renovables. En paralelo, el Gobierno estudia medidas para que el gravamen no limite la capacidad de los bancos de otorgar créditos, lo que resulta clave para mantener la estabilidad financiera en otros sectores económicos. La reforma, que podría impulsar la progresividad fiscal en España, abarca también impuestos para las grandes fortunas y medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como la mejora de las deducciones fiscales para familias y personas dependientes, subrayando la relevancia de una estructura tributaria adaptada a los desafíos económicos actuales.
