La Unión Europea inició 2025 con la implementación de la normativa CAFE, que establece un límite máximo de emisiones de CO₂ de 93,6 gramos por kilómetro para los coches vendidos en los Estados miembros. Los fabricantes que excedan este límite enfrentarán multas de 95 euros por gramo adicional, lo que podría traducirse en sanciones multimillonarias. Este límite estará vigente hasta 2029, y se endurecerá aún más en 2030 con vistas a prohibir la venta de vehículos de combustión en 2035.
Aunque las ventas de vehículos eléctricos han crecido, alcanzando el 15,5% del mercado en 2023, siguen siendo insuficientes para cumplir con los objetivos de emisiones. La industria automovilística europea enfrenta desafíos como una infraestructura de recarga insuficiente, una brecha de producción de vehículos eléctricos y la competencia de fabricantes chinos.
ACEA, la asociación de fabricantes de automóviles, ha solicitado claridad regulatoria y medidas que mitiguen los costos de cumplimiento. Mientras algunos países, como Francia e Italia, han intentado retrasar la normativa, otros abogan por más incentivos para estimular la adopción del coche eléctrico y la inversión en infraestructura de recarga.
La normativa busca reforzar la competitividad europea en movilidad sostenible, alineándose con los objetivos climáticos de neutralidad de emisiones para 2050. Sin embargo, las tensiones entre el cumplimiento regulatorio, las sanciones y la viabilidad económica de los fabricantes persisten como desafíos clave.
La normativa CAFE entra en vigor en 2025 con objetivos más estrictos para los fabricantes de automóviles
Reducción de emisiones de CO₂ en vehículos nuevos
A partir del 1 de enero de 2025, la Unión Europea ha implementado la normativa CAFE (Corporate Average Fuel Emissions), que establece que las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de los coches vendidos en los 27 países miembros no deben superar los 93,6 gramos por kilómetro. Este límite estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029 y representa una reducción del 15% en comparación con los niveles de inicio de la década.
Multas por incumplimiento
Los fabricantes que no cumplan con estos límites se enfrentarán a sanciones de hasta 95 euros por cada gramo de CO₂ excedido por vehículo, lo que podría traducirse en multas multimillonarias para las marcas que no alcancen los objetivos de ventas de vehículos de cero emisiones establecidos por la UE.
Objetivos futuros y transición hacia la movilidad eléctrica
La normativa CAFE prevé una reducción progresiva de las emisiones permitidas. Entre 2030 y 2034, el límite se establecerá en 49,5 gramos de CO₂ por kilómetro, con el objetivo de implementar en 2035 la prohibición de facto de las ventas de vehículos de combustión interna de gasolina y diésel.
Reacciones de la industria automovilística
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha expresado su preocupación por el impacto de estas regulaciones en la competitividad de la industria europea. Aunque reitera su compromiso con la neutralidad climática para 2050 y la transición hacia una movilidad de cero emisiones, ACEA insta a los Estados miembros de la UE a “reducir los costes de cumplimiento” para facilitar la adaptación a las nuevas normativas.
Incremento en las ventas de vehículos eléctricos
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la emisión media de CO₂ de los vehículos de pasajeros nuevos registrados en la UE cayó un 1,6% respecto a 2022, situándose en 106,4 gramos de CO₂ por kilómetro. Este descenso se atribuye principalmente al aumento en las ventas de vehículos eléctricos, que pasaron del 13,5% del total de ventas en 2022 al 15,5% en 2023.
Desafíos y perspectivas para los fabricantes
A pesar del crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos, la industria automovilística europea enfrenta desafíos significativos para cumplir con los nuevos límites de emisiones. Se estima que, con los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes tendrían que reducir la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentarse a las multas previstas por la UE. Las proyecciones sobre las sanciones varían, con estimaciones que oscilan entre los 5.100 millones y los 16.000 millones de euros.
Solicitudes de revisión de la normativa
Algunos países europeos han intentado sin éxito presionar a Bruselas para retrasar la aplicación de la normativa. Francia buscó crear una coalición para evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes, mientras que Italia solicitó una revisión exhaustiva de la normativa ante el temor de que pueda provocar el “colapso” de la industria automovilística comunitaria. Rumanía, por su parte, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva.
Incentivos y desarrollo de infraestructura
Para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, algunos gobiernos europeos han extendido las ayudas para la adquisición de coches eléctricos. En España, por ejemplo, el programa de ayudas Moves III se ha prorrogado hasta junio de 2024. Sin embargo, la industria considera que estas medidas no son suficientes y aboga por subvenciones directas y un plan europeo de incentivos para estimular la demanda. Además, se destaca la necesidad de desarrollar una infraestructura de recarga adecuada para soportar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos.
Competencia internacional y producción local
La industria automovilística europea también enfrenta la competencia de fabricantes chinos, que han incrementado su presencia en el mercado de vehículos eléctricos. La imposición de aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados de China ha generado efectos negativos para los fabricantes europeos. Además, se espera que en 2025 y 2026 se lancen nuevos modelos más económicos, lo que podría hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles para las clases medias y aumentar la presión sobre los fabricantes locales para competir en términos de precio y tecnología.
