Las asociaciones ACE, ACIE, AEGE y aelēc han expresado su preocupación por el impacto económico generado tras el apagón del 28 de abril. Denuncian que la estrategia de “operación reforzada” adoptada por el operador del sistema ha provocado un uso intensivo de ciclos combinados y restricciones técnicas, lo que ha disparado los costes en el mercado eléctrico.
En mayo, el coste medio de estas restricciones se elevó a 22 €/MWh frente a los 9 €/MWh del mismo mes en 2024. Aunque en junio los valores han descendido, siguen por encima de lo habitual. Las asociaciones reclaman mayor transparencia y solicitan que Red Eléctrica de España publique diariamente los datos de estos sobrecostes, así como la duración prevista de esta estrategia, para que comercializadores y consumidores puedan tomar decisiones informadas.
DECLARACIÓN CONJUNTA DE ACE, ACIE, AEGE y AELĒC
Las asociaciones firmantes de esta declaración expresan su profunda preocupación ante la situación excepcional que atraviesa el sistema eléctrico español tras el apagón ocurrido el pasado 28 de abril. En particular, manifiestan su inquietud por los extracostes generados durante el proceso de reposición del suministro los días 28 y 29 de abril, así como por los derivados de la denominada “operación reforzada”, cuyo impacto está recayendo directamente sobre los comercializadores y, en última instancia, sobre los consumidores finales.
Tras la restauración del servicio, el operador del sistema adoptó una estrategia de operación más conservadora, reforzando sus medidas de seguridad y aumentando la frecuencia del uso de ciclos combinados como herramienta de control para evitar la repetición de situaciones de emergencia. Esta nueva estrategia ha implicado un uso intensivo de restricciones técnicas, lo que está generando un extracoste significativo respecto a un escenario de operación habitual.
La Ley del Sector Eléctrico establece, en el artículo 14, apartado 5 b), relativo a la retribución de los servicios de ajuste de la actividad de producción:
“La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará qué servicios del sistema se consideran de no frecuencia y de balance, así como su régimen retributivo, diferenciándose aquellos que tengan carácter obligatorio de aquellos potestativos.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica determinará qué servicios de ajuste, excluyendo los de balance y los de no frecuencia, son necesarios para mantener la seguridad, continuidad y calidad de suministro.”
Si bien las asociaciones comprenden que, en un contexto extraordinario, debe prevalecer la seguridad del suministro, advierten que esta estrategia está generando un coste adicional considerable para los comercializadores, quienes no han contado con capacidad de previsión suficiente dada la excepcionalidad del escenario. A esta situación se suma la inmediatez en la emisión de las facturas correspondientes al mes de mayo para los consumidores, lo que requiere la adopción urgente de medidas.
Según datos publicados por Red Eléctrica de España (REE), el coste medio de las restricciones técnicas en el mercado diario durante mayo fue de 22 €/MWh, frente a los 9 €/MWh registrados en mayo de 2024. Esto representa un incremento superior a 13 €/MWh. En lo que va del mes de junio, este coste ha descendido, aunque sigue situándose por encima de los niveles observados en junio del año anterior. Este incremento pone de manifiesto el elevado impacto económico de la situación actual.
Por ello, las asociaciones firmantes consideran esencial disponer de una mayor visibilidad sobre la evolución de estos costes, como requisito indispensable para garantizar la transparencia del mercado, una demanda compartida por todos los agentes del sector. En este sentido, solicitan que el operador del sistema publique diariamente dicha evolución.
Como medida urgente, las asociaciones piden que REE haga pública de forma inmediata la cuantificación del sobrecoste generado por esta operación reforzada en comparación con una situación normal, así como la duración estimada de esta estrategia. Esto permitiría que tanto comercializadores como consumidores puedan tomar decisiones informadas, basadas en datos transparentes y de acceso público.
