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La moratoria al biometano en Navarra pone en riesgo más de 500 millones de inversión y 440 empleos, según APPA Biogás

Imagen de Tellkes

Tellkes

  • 1 julio 2026

La asociación reclama una regulación exigente que garantice el desarrollo ordenado de esta tecnología frente a una paralización que, asegura, compromete la economía circular, la descarbonización y la autonomía energética.

La moratoria al desarrollo de proyectos de biometano en Navarra puede comprometer más de 500 millones de euros en inversiones, limitar la creación de empleo en el medio rural y frenar una tecnología llamada a transformar residuos orgánicos en energía renovable, fertilizantes sostenibles y reducción de emisiones. Así lo advirtió APPA Biogás durante un encuentro celebrado en Pamplona, donde defendió un modelo basado en la planificación, la transparencia y las garantías ambientales como alternativa a la paralización del sector.

La asociación sostiene que el desarrollo del biometano y la protección del territorio son compatibles siempre que los proyectos se implanten bajo criterios técnicos claros relacionados con su ubicación, dimensión, trazabilidad de los residuos, gestión del digestato, participación de las comunidades locales y supervisión ambiental.

Javier Alberto Muñoz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de APPA Renovables, afirmó que «El biometano no debe desplegarse de cualquier manera, pero tampoco tiene sentido paralizar una tecnología renovable que puede ayudar a resolver problemas reales del territorio. La solución no es bloquear, sino exigir proyectos bien diseñados, bien integrados y con todas las garantías ambientales».

Una solución para transformar residuos en recursos

APPA Biogás recuerda que los residuos agroganaderos, agroindustriales y orgánicos ya forman parte del territorio y que la digestión anaerobia permite tratarlos de manera controlada para producir gas renovable y obtener digestato destinado a su uso como fertilizante orgánico bajo criterios agronómicos.

La asociación sostiene que, con una correcta gestión, el biometano no genera un nuevo problema ambiental, sino que convierte residuos en recursos, reduce emisiones difusas, mejora la gestión de efluentes y ofrece una alternativa renovable al gas natural fósil importado.

En palabras de Javier Alberto Muñoz, «El biometano es economía circular aplicada al territorio. Parte de residuos locales, produce energía renovable y devuelve al campo un fertilizante orgánico que puede sustituir parte de los fertilizantes minerales. Es una herramienta para gestionar mejor lo que ya existe, no para generar un problema nuevo».

El potencial del biometano para Navarra

Según las estimaciones del sector, el desarrollo del biometano en Navarra permitiría producir cada año unas 264.000 toneladas de digestato, reciclar más de 1.580 toneladas de nitrógeno y evitar la emisión de 154.000 toneladas de CO₂.

La producción de este gas renovable también reduciría alrededor de 38 millones de euros anuales las importaciones energéticas de la comunidad, reforzando tanto la seguridad de suministro como la autonomía energética.

Desde el punto de vista económico y social, APPA Biogás calcula que el despliegue de esta tecnología generaría aproximadamente 440 empleos de calidad, principalmente vinculados al medio rural, la operación de plantas, la logística, la gestión del digestato, la actividad agroganadera, los servicios técnicos y la industria auxiliar.

Muñoz aseguró que «Estamos hablando de una oportunidad ambiental, energética e industrial muy concreta para Navarra. Menos emisiones, mejor gestión de residuos, fertilizantes sostenibles, empleo rural y menor dependencia energética exterior. Todo ello exige hacer las cosas bien, pero precisamente por eso hace falta planificación, no parálisis».

Más de 500 millones de euros comprometidos

La asociación estima que la moratoria puede poner en riesgo más de 500 millones de euros destinados al desarrollo del biometano en Navarra.

En concreto, calcula que 300 millones de euros podrían dejar de materializarse, mientras que otros 200 millonesadicionales no llegarían a tramitarse como consecuencia de la paralización.

APPA Biogás advierte de que esta situación coincide con un momento en el que la Unión Europea impulsa los gases renovables como herramienta para avanzar en la descarbonización, reforzar la seguridad energética y fomentar la economía circular.

La organización recuerda que diversos países europeos han logrado desarrollar el biometano gracias a marcos regulatorios estables, mecanismos de apoyo predecibles, una adecuada planificación territorial y la integración de estas instalaciones con la red gasista. En este contexto, considera que Navarra dispone de capacidad para convertirse en un territorio de referencia si apuesta por proyectos solventes, vinculados al territorio y plenamente trazables.

Regular mejor en lugar de paralizar

APPA Biogás reconoce que existen preocupaciones sociales relacionadas con la implantación de nuevas plantas, especialmente en aspectos como los olores, el incremento del tráfico, la gestión del digestato, la seguridad de las instalaciones o la protección de los acuíferos.

Sin embargo, la asociación considera que estos riesgos deben abordarse mediante regulación, supervisión técnica y exigencias ambientales, en lugar de aplicar una moratoria generalizada.

Entre las medidas que propone figuran el desarrollo de plantas cerradas, sistemas de depuración y biofiltros, rutas logísticas adecuadas, radios de proximidad para el suministro de sustratos, sistemas de medición de emisiones, planes de abonado, análisis del digestato, trazabilidad de entradas y salidas, participación local y control administrativo.

La organización defiende un marco regulatorio claro, exigente y ágil que permita tramitar aquellos proyectos que aporten valor ambiental y territorial y descarte los que no cumplan los criterios técnicos, sociales o ambientales establecidos.

Javier Alberto Muñoz concluyó que «Los riesgos existen, como en cualquier actividad industrial o ambiental, pero se gestionan con normas claras, controles rigurosos y transparencia. Una moratoria no distingue entre buenos y malos proyectos; una buena regulación sí».

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