El Tribunal del Distrito de Columbia ha desestimado, el pasado 12 de agosto, dos mociones del Gobierno español para detener la ejecución de laudos arbitrales internacionales en casos relacionados con recortes retroactivos a las primas de energías renovables. El fallo confirma la validez de los laudos emitidos por el CIADI, ampliando el riesgo de embargos estatales por un valor aproximado de 200 millones de euros. Uno corresponde al fondo RREEF, asociado a Deutsche Bank, por 59,6 millones más 13,9 millones en intereses. El otro es el caso “Antin” o Infrastructure Services, con un laudo de 101 millones y más de 24 millones adicionales por intereses.
Embargos efectivos ya en marcha y deuda acumulada creciente
Los fallos adversos han desencadenado embargos efectivos o preventivos en países como Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. En Bélgica, por ejemplo, fueron intervenidos ingresos gestionados por ENAIRE a través de Eurocontrol por más de 80 millones de euros. Además, la deuda total reconocida por España se eleva a unos 1 492 millones de euros, sin incluir intereses y costes procesales, que suman otros 386 millones, lo que representa un total de casi 1 880 millones de euros pendientes.
Otros casos recientes: Mitsui y Eurus ratifican la tendencia adversa
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El CIADI ha otorgado una indemnización de 31,5 millones de euros (más 5,5 millones en intereses y costas legales) a la empresa japonesa Mitsui, por el recorte de primas renovables introducido en 2013. Ese laudo fue confirmado el 6 de marzo de este año, representando una de las 26 condenas firmes contra España por este tema.
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En un caso anterior, el ICSID también desestimó la petición de anulación del laudo que obligaba a indemnizar a la japonesa Eurus Energy con más de 106 millones de dólares (alrededor de 91 millones de euros), además de intereses y costes legales.
Decisiones europeas alivian la presión en casos internos
Aunque España enfrenta múltiples condenas, la Comisión Europea le ha otorgado un respaldo significativo. En marzo de 2025 dictaminó que indemnizaciones como la del fondo Antin (101 millones de euros) constituyen “ayuda estatal ilegal” y por tanto no deben pagarse, aplicando el derecho de la UE. Esta decisión podría evitar hasta 1 300 millones de euros en pagos correspondientes a inversores de la Unión Europea.
Primer pago ejecutado: Blasket recibe 32 millones
El pasado junio, el Gobierno español abonó 32 millones de euros al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, convirtiéndose en el primer pago efectivo por una condena internacional en este contexto. Este caso corresponde a un laudo de 2021 otorgado a JGC Holdings (Japón), posteriormente adquirido por Blasket. Este pago no contraviene las normas de la UE porque se trata de un inversor extracomunitario, y representa apenas el 5 % de los casos abiertos. España ha logrado negociar una reducción del 85 % en las indemnizaciones solicitadas.
Panorama general: lecciones y consecuencias para España
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Litigios masivos y reputación: A día de hoy, España ha afrontado 51 arbitrajes por recortes renovables; 42 resueltos (10 a favor del Estado, tres anulados y tres desistidos), y 26 condenas firmes por un total de 1 510 millones de euros, más 375 millones en intereses y costas.
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Fragmentación jurídica: Mientras los laudos internacionales avanzan, la normativa y los tribunales europeos ofrecen un respiro parcial. La divergencia entre legislación internacional y europea complica el camino financiero y legal.
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Riesgo de activos: Los embargos ya están afectando activos españoles en el extranjero, presionando la economía y las finanzas públicas.
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Estrategia judicial activa: España recurre los laudos, busca el amparo en la normativa de la UE y el Tribunal de Justicia Europeo, e incluso efectúa pagos en los casos extracomunitarios para limitar sanciones y detener embargos.
Fuentes: Economía Digital · The Objective · Cinco Días · Reuters · El País
