La CNMC ha publicado su propuesta para actualizar tanto la Tasa de Retribución Financiera (TRF) como el modelo retributivo de la distribución eléctrica, vigentes entre 2026 y 2031. Sin embargo, diversos actores del sector eléctrico advierten que la propuesta desincentiva las inversiones necesarias para la electrificación y la industrialización de España.
La nueva metodología para la TRF infravalora el coste real del capital, lo que podría poner en riesgo la transformación energética. Se considera que esta tasa no permitirá ejecutar las inversiones necesarias, haciendo que España pierda una oportunidad única para avanzar hacia una economía descarbonizada.
Parámetros de la TRF: una fórmula cuestionada
Según los expertos del sector, la fórmula propuesta:
1. No se alinea con las prácticas europeas mayoritarias y no refleja adecuadamente el riesgo asumido por los inversores.
2. Ignora que el coste de financiación en España es superior a la media europea.
3. Penaliza las inversiones en redes eléctricas respecto a las de gas o infraestructuras como aeropuertos o telecomunicaciones.
El valor propuesto (6,46%) está por debajo de otros países europeos y de otros sectores regulados nacionales. En comparación, la TRF para aeropuertos es de 8,03% y de 6,98% para comunicaciones. Según el sector, una TRF adecuada para distribución eléctrica debería rondar el 7,5%.
Falta de alineación con los objetivos climáticos
El modelo retributivo rompe con el enfoque actual, mirando al pasado y no al futuro. Se deja de garantizar la retribución de nuevas inversiones, limitándolas a la mera reposición de activos obsoletos. Además:
– Se basan los cálculos en niveles históricos, ignorando la demanda creciente de red.
– Se recortan los gastos reconocidos, sin tener en cuenta las nuevas responsabilidades de los distribuidores ni los riesgos operativos.
– Se penaliza el gasto en mantenimiento (OPEX), fijándolo con datos de hace cinco años y sin ajustes por inflación o aumentos de costes globales.
Este enfoque, advierten desde el sector, podría debilitar la calidad del servicio eléctrico, especialmente ante fenómenos extremos como la DANA.
Un modelo que premia la inacción
La propuesta introduce una lógica perversa: cuanto menos se invierte, mayor rentabilidad se obtiene. Esto desincentiva cualquier inversión proactiva, frenando la transición energética. Se pone en riesgo la capacidad de conectar más de 60 GW de demanda actualmente bloqueados por falta de red: industrias, viviendas, puntos de recarga o centros de datos.
Inversiones anticipatorias ignoradas
Mientras Europa considera las inversiones anticipatorias como claves para el desarrollo futuro, la metodología de la CNMC las penaliza. Este enfoque es opuesto a la legislación europea, que exige prepararse con antelación ante las necesidades energéticas a medio y largo plazo.
Llamamiento al principio de prudencia
El sector solicita que, durante el proceso de alegaciones, se aplique el principio de prudencia regulatoria. La electrificación necesita certidumbre normativa, seguridad jurídica y predictibilidad en la recuperación de inversiones.
Si España quiere acompañar el crecimiento renovable con una red adecuada, se necesita una TRF y un modelo retributivo coherentes, que incentiven las inversiones en red y garanticen una infraestructura robusta, resiliente y capaz de acompañar la reindustrialización y la transformación energética del país.
