La administración Trump suspende permisos y arrendamientos para desarrollos eólicos, generando preocupación en la industria energética y entre activistas climáticos.
La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la energía eólica al suspender permisos y arrendamientos para proyectos renovables, tanto en tierra como en el mar. Esta medida detiene la venta de arrendamientos en aguas federales y frena la emisión de aprobaciones, lo que pone en riesgo el desarrollo de parques eólicos clave, como el Vineyard Mid-Atlantic frente a Nueva York. La decisión ha generado preocupación en la industria energética, ya que podría comprometer el suministro eléctrico en un contexto de creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y los centros de datos.
Las restricciones también refuerzan la dependencia de los combustibles fósiles, favoreciendo a sectores tradicionalmente aliados de Trump. Mientras tanto, expertos advierten que frenar la energía eólica podría elevar los costos de electricidad y retrasar la competitividad de EE.UU. en la transición energética global, especialmente frente a China. Ambientalistas y organizaciones climáticas han reaccionado con críticas y planean nuevas protestas para visibilizar el impacto de estas políticas.
El bloqueo a las energías limpias se enmarca en un contexto político donde Trump promueve una visión económica que desconfía de la transición energética, presentándola como una amenaza para la libertad de mercado. Sin embargo, esta postura pone en peligro el desarrollo de una infraestructura sostenible y la independencia energética del país. Con estas medidas, EE.UU. corre el riesgo de quedar rezagado en la carrera global por la sostenibilidad, mientras el sector renovable enfrenta nuevos desafíos para mantenerse en crecimiento.
“Las restricciones al desarrollo de las energías renovables podrían entrar en conflicto con el objetivo de aumentar el suministro eléctrico.” Esta advertencia, emitida por expertos del sector, cobra relevancia tras las recientes acciones de la administración Trump para frenar el avance de la energía eólica en Estados Unidos. La suspensión de permisos y arrendamientos para proyectos eólicos, tanto marinos como terrestres, ha encendido alarmas sobre el futuro de la transición energética en el país.
Medidas recientes y su impacto inmediato
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que detiene temporalmente las ventas de arrendamientos de energía eólica en aguas federales y pausa la emisión de aprobaciones, permisos y préstamos para proyectos eólicos en todo el territorio nacional. Esta decisión ha llevado a la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) a cancelar reuniones públicas destinadas a evaluar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Vineyard Mid-Atlantic, un parque eólico marino de más de 2.000 megavatios previsto frente a la costa de Nueva York.
Reacciones de la industria y riesgos asociados
Ejecutivos del sector energético advierten que estas restricciones podrían comprometer el suministro eléctrico y elevar los costos para los consumidores. Con una demanda de electricidad proyectada para aumentar un 26% hacia 2028, impulsada en gran medida por centros de datos y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la dependencia de fuentes renovables se vuelve crucial. La paralización de proyectos eólicos y solares podría dejar a Estados Unidos en desventaja frente a países como China en la carrera por el liderazgo en energías limpias.
Contexto político y cultural
Las acciones de la administración Trump reflejan una postura de “populismo climático”, que percibe la transición energética y las energías renovables como amenazas a la libertad económica y nacional. Este enfoque ha sido bien recibido por la industria de combustibles fósiles, pero ha generado críticas entre defensores del medio ambiente y promotores de energías limpias.
Respuesta de los activistas climáticos
Ante estas políticas, grupos ambientalistas están reevaluando sus estrategias. Organizaciones como Fridays for Future y el Sunrise Movement planean intensificar sus acciones, incluyendo manifestaciones y actos de desobediencia civil, para resaltar la urgencia de abordar la crisis climática y oponerse a las medidas que favorecen a los combustibles fósiles.
