La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha expresado su profundo pesar tras la derogación, en el Pleno del Congreso, del Real Decreto‑Ley 7/2025 —conocido como decreto “antiapagones”—, y ha hecho un llamado urgente a los partidos políticos para que asuman una responsabilidad institucional y reviertan la decisión.
Naturaleza técnica y consenso amplio de la normativa
UNEF defiende que se trataba de una normativa técnica, absolutamente necesaria y con respaldo amplio, tanto en el sector energético e industrial como entre asociaciones ecologistas y ciudadanas. Señalan que su paralización responde a intereses que no estaban relacionados con el contenido técnico de la norma.
Riesgos para la seguridad eléctrica, la industria y la competitividad
Según José Donoso, director general de la asociación, esta derogación representa un grave retroceso para la industrialización, la independencia energética y la competitividad del país. Avisa de que España no puede permitirse renunciar a una oportunidad histórica dada su ventaja competitiva en términos de precio de electricidad —la mitad del noruego— y abundancia de recurso solar.
Impacto sobre las inversiones y posible deslocalización
UNEF advierte que la paralización normativa puede comprometer más de 30.000 millones de euros en inversiones. Además, alerta del riesgo de que empresas se deslocalicen hacia países con regulaciones más estables y seguras para el desarrollo renovable.
Almacenamiento y autoconsumo en peligro
La asociación subraya que el bloqueo afecta gravemente al despliegue necesario del almacenamiento eléctrico, que podría desarrollarse en meses si se hubieran aprovechado las instalaciones renovables ya existentes o en tramitación. También representa un revés para el autoconsumo, las comunidades energéticas y la participación de pequeñas empresas locales en el sistema energético.
Llamamiento final al compromiso político
Por todo ello, UNEF insta a los partidos políticos a retomar de inmediato el diálogo parlamentario y proponer una alternativa normativa que garantice la estabilidad, seguridad de suministro, electrificación e impulso a la transición energética. Consideran fundamental que esta actualización se implemente con urgencia y coherencia institucional.
