Vecinos denuncian la falta de regulación y el impacto ambiental del proyecto, que continúa su tramitación administrativa
La oposición ciudadana al proyecto de planta de biometano previsto en la parroquia de Soandres, en el municipio coruñés de A Laracha, ha dado un paso más con la constitución de la plataforma Stop Biogás A Laracha. El colectivo nace con el objetivo de frenar una iniciativa que consideran incompatible con el entorno rural y la calidad de vida de los residentes.
Defensa del territorio frente a un modelo “sin garantías”
La nueva plataforma asegura que su posicionamiento no es contrario a las energías renovables ni a la transición energética, sino al modelo de implantación elegido para este tipo de infraestructuras. En su opinión, se trata de un desarrollo “desordenado y carente de garantías” que sitúa instalaciones industriales de alto impacto en áreas rurales sensibles y próximas a núcleos habitados.
El colectivo cuestiona especialmente la ubicación seleccionada para la planta, al considerar que entra en conflicto con la protección del patrimonio, los recursos hídricos y el entorno residencial.
Un proyecto en marcha que activa la movilización social
Desde la plataforma advierten de que el proyecto no está paralizado y continúa su tramitación administrativa, lo que, a su juicio, hace urgente intensificar la movilización social e institucional.
En este contexto, defienden que la única solución viable pasa por la cancelación definitiva de la planta en su emplazamiento actual.
Además, subrayan que este tipo de conflictos no es aislado, sino que se repite en distintos puntos de España ante la proliferación de plantas de biogás en entornos rurales.
Críticas a la falta de regulación
Uno de los ejes principales de la reivindicación vecinal es la ausencia de una normativa clara que regule este tipo de instalaciones. La plataforma señala que la falta de criterios definidos —como distancias mínimas a viviendas, zonas de exclusión o requisitos técnicos— está en el origen del problema.
En este sentido, reclaman una regulación específica a nivel estatal, autonómico y municipal que garantice seguridad jurídica, protección ambiental y participación ciudadana.
Dudas sobre el impacto ambiental y económico
El colectivo también pone en cuestión los beneficios socioeconómicos del proyecto, señalando que la planta generaría menos de una decena de empleos directos, una cifra que consideran insuficiente frente a los posibles impactos.
Entre los riesgos señalados destacan la posible contaminación de suelos y acuíferos, la emisión de olores, el aumento del tráfico pesado y la afección a la calidad de vida de los vecinos.
Llamamiento a la participación ciudadana
Como primera acción pública, la plataforma ha respaldado la convocatoria de una asamblea informativa impulsada por el Concello de A Laracha, con el objetivo de informar a la población sobre el estado del proyecto y fomentar la participación vecinal.
Con esta iniciativa, los vecinos buscan no solo frenar la planta de Soandres, sino abrir un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo energético en el medio rural.
