La Asamblea General 2026 de Andimat pone el foco en la envolvente térmica como elemento clave para acelerar la descarbonización del parque inmobiliario y reclama estabilidad en las ayudas a la rehabilitación.
El sector de la edificación afronta uno de los mayores desafíos de las próximas décadas: transformar un parque inmobiliario envejecido y altamente consumidor de energía en edificios eficientes y descarbonizados antes de 2050. En este contexto, representantes de la industria, la administración y los profesionales del sector alertan de que la falta de continuidad en las políticas de apoyo puede poner en riesgo la confianza de los ciudadanos en los procesos de rehabilitación energética.
Con motivo de su Asamblea General 2026, Andimat, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, reunió a distintos expertos en una mesa redonda centrada en “El papel de la envolvente en la eficiencia energética y la descarbonización de edificios”. El encuentro estuvo moderado por Esther Soriano, directora general de Saint Gobain Solutions.
Durante la jornada, Antonio Logroño, presidente de Andimat, destacó que el mensaje de priorizar la eficiencia energética, impulsado desde Europa, empieza a trasladarse tanto al ámbito político como a la sociedad. “Cada vez hay más ciudadanos interesados en mejorar el aislamiento de sus viviendas y en conocer soluciones que reduzcan el consumo energético”, señaló. Aun así, insistió en que todavía es necesario reforzar la concienciación social.
La nueva directiva europea EPBD marcará un antes y un después en la manera de evaluar los edificios. Según explicó Juan Queipo de Llano, responsable de la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, el nuevo enfoque no solo tendrá en cuenta las emisiones generadas durante el uso del edificio, sino también el impacto ambiental asociado a todo su ciclo de vida. “En edificios con consumos energéticos muy reducidos, las emisiones derivadas de los materiales adquieren un peso cada vez mayor”, apuntó.
La normativa ya establece un calendario concreto para esta transición. A partir de 2028 será obligatorio declarar el potencial de calentamiento global (PCG) en edificios de gran tamaño, una exigencia que posteriormente se extenderá al resto del parque edificatorio. Además, desde 2030 se fijarán límites máximos de PCG, lo que obligará a seleccionar materiales con menor impacto ambiental en los nuevos proyectos.
En paralelo, el certificado de eficiencia energética (CEE) evolucionará para incorporar nuevos indicadores vinculados al impacto ambiental. Alfredo Garzón, jefe de área de la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), explicó que la futura adaptación normativa incluirá el potencial de calentamiento global dentro del certificado. Asimismo, avanzó que las escalas actuales deberán revisarse para ajustarse a los nuevos criterios europeos. “La directiva establece nuevos márgenes entre letras; por ejemplo, la calificación A deberá corresponder a un edificio de cero emisiones”, detalló.
No obstante, los participantes coincidieron en que la transición energética solo será posible si se consigue trasladar estos cambios al ciudadano de forma clara y comprensible. Aunque la elevada demanda de ayudas europeas ha demostrado el interés social por la rehabilitación energética, también ha dejado al descubierto importantes problemas administrativos.
Iván Madrigal, director de Relaciones Institucionales de EOS RenovAcción Profunda, advirtió del riesgo que supone dejar fuera a comunidades de propietarios que iniciaron proyectos confiando en las subvenciones. “No se puede animar a los ciudadanos a invertir en rehabilitación y después dejarlos en una situación de incertidumbre por el fin de los plazos o la falta de resolución de expedientes”, afirmó.
En este sentido, los expertos reclamaron que el nuevo Plan Estatal de Vivienda contemple mecanismos para dar salida a los llamados expedientes “fantasma”, es decir, actuaciones iniciadas que podrían quedarse sin ayudas pese a haber comenzado su proceso de rehabilitación. Madrigal defendió la necesidad de crear una especie de lista de espera que permita garantizar continuidad a estos proyectos.
Desde el ámbito de la arquitectura también se puso de manifiesto la preocupación existente. María José Peñalver, secretaria general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), reconoció que muchas comunidades de propietarios se sienten desorientadas ante la incertidumbre actual. “Hay expedientes pendientes, comunidades que desconocen si podrán ejecutar las obras dentro de plazo y administraciones autonómicas que todavía no ofrecen respuestas claras”, lamentó.
Los participantes alertaron de que esta situación podría generar un efecto desincentivador a medio plazo, por lo que insistieron en la necesidad de establecer un marco regulatorio estable y predecible. En este escenario, la eficiencia energética debe entenderse no solo como una obligación normativa, sino como una inversión capaz de mejorar el confort, la salud y el valor patrimonial de los inmuebles.
El debate también sirvió para reivindicar el papel estratégico del aislamiento y de la envolvente térmica en la reducción de la demanda energética de los edificios. “Con un diseño adecuado y materiales eficientes es posible construir edificios con necesidades mínimas de climatización”, señalaron los expertos.
Por parte de la industria, Antonio Logroño aseguró que el sector lleva años desarrollando soluciones innovadoras y herramientas de evaluación rigurosas para responder a los nuevos retos regulatorios. En su opinión, el foco debe ponerse en la capacidad real de los materiales para reducir emisiones durante todo el ciclo de vida del edificio, más allá de su origen.
En cuanto a los instrumentos de apoyo económico, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) fueron señalados como una herramienta con gran potencial, aunque todavía limitada en el ámbito residencial. Alfredo Garzón reconoció que estos mecanismos funcionan especialmente bien en sectores con retornos rápidos de inversión, como la industria, mientras que en vivienda presentan una mayor complejidad. Para impulsar su implantación, el MITECO trabaja ya en nuevas fórmulas, como subastas específicas de ahorro energético orientadas al sector residencial.
La normativa europea también avanzará hacia requisitos más exigentes mediante la implantación de estándares mínimos de eficiencia energética (MEPS), que obligarán especialmente a determinados edificios terciarios a mejorar su comportamiento energético. Por el momento, estas obligaciones no afectarán al parque residencial.
Como conclusión del encuentro, Esther Soriano destacó que la sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva medioambiental, sino también como un elemento ligado a la competitividad, la seguridad energética y la capacidad de adaptación frente a futuras incertidumbres.
