El sector energético español alerta sobre el impacto en proyectos de energías renovables y redes ante la posible continuidad del gravamen.
El Gobierno español está en conversaciones para hacer permanente el impuesto a las empresas energéticas, lo que ha generado preocupación en el sector. Según el Ministerio de Economía, esta medida es parte del esfuerzo fiscal necesario para cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea, que requerirán un esfuerzo de unos 6.000 millones de euros anuales durante los próximos siete años. La continuidad de este impuesto, que fue inicialmente extraordinario, amenaza con frenar importantes inversiones en energías renovables, redes de distribución, almacenamiento energético, descarbonización y desarrollo del hidrógeno verde.
Empresas como Repsol e Iberdrola ya han expresado sus inquietudes. Repsol ha advertido que, de aprobarse el gravamen de manera permanente, no podrá acometer proyectos estratégicos de transformación en sus refinerías de Bilbao, Cartagena y Tarragona, esenciales para la transición hacia energías más limpias. Por su parte, Iberdrola podría optar por trasladar parte de sus inversiones a mercados internacionales como Reino Unido o Estados Unidos, donde la presión fiscal es más favorable.
El impuesto, que originalmente tenía carácter temporal y expiraba el 31 de diciembre de 2024, fue concebido en un contexto de altos precios de la energía. Sin embargo, la actual situación de precios más bajos de petróleo y gas ha cambiado el escenario económico, lo que ha llevado al sector a cuestionar la viabilidad de seguir soportando este gravamen. Pese a la oposición del PNV, el Gobierno insiste en avanzar con la medida para cumplir con las metas de déficit.
