A partir de 2027, la UE pondrá en marcha el Sistema de Comercio de Emisiones 2 (ETS2), una expansión del actual mercado de carbono (ETS1) para incluir a los sectores de transporte por carretera, edificios y pequeñas industrias. Bajo este modelo de cap-and-trade, los proveedores de combustibles fósiles (gas, diésel, fuelóleo, etc.) deberán adquirir permisos por cada tonelada de CO₂ emitido.
Incremento de costes energéticos para hogares y empresas
Según análisis de Veyt y BloombergNEF, el precio del CO₂ podría elevarse desde ~50 €/t en 2027 hasta +200 €/t en 2031, con subidas significativas en transporte (+27 %) y calefacción doméstica (+41 %).Esto se traduciría en un encarecimiento de 0,20 € por litro de diésel en 2028 y hasta 0,54 € en 2031.
Mecanismos de protección social: ¿justicia o insuficiencia?
El ETS2 incorpora dos guardarruedas sociales:
- Precio techo de 45 €/t hasta 2030 (≅59 €/t en valores reales), activando el MSR para liberar permisos extra si se superan esos niveles.
- El Fondo Climático Social (SCF) con cerca de 87 000 M€, destinado a ayudar a hogares vulnerables y pequeñas empresas.
Aunque bien intencionado, el SCF podría ser “insuficiente para cerrar la brecha de inversión que amenaza a los más desfavorecidos”.
Retos políticos y sociales por delante
ETS2 podría enfrentar resistencia, especialmente en países menos ricos o con alta dependencia de combustibles fósiles. Polonia y otros han exigido retrasos o modificaciones. Pese a esto, legisladores europeos, como Peter Liese y Pascal Canfin, defienden el ETS2 como “imprescindible para alcanzar los objetivos de emisiones”.
Un paso clave hacia una UE menos fósil… pero complejo
ETS2 ampliará la cobertura de carbono al 75 % de las emisiones de la UE, con el objetivo de reducir en 42 % el CO₂ de edificios y transporte para 2030, y avanzar hacia una sociedad descarbonizada en 2040.
Sin embargo, será imprescindible implementar políticas complementarias (renovación de viviendas, redes de transporte público, hidrógeno, electrificación) así como garantías de justicia social, para evitar que recaiga desproporcionadamente sobre las familias y pymes.
