RESUMEN: La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha vuelto a poner el foco sobre el denominado Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como el “impuesto del 7 %”, reclamando su supresión inmediata. Según la organización, este gravamen, creado en 2012 para afrontar un déficit tarifario que ya no existe, encarece la electricidad, dificulta la electrificación de sectores clave y penaliza la competitividad de la industria española frente a mercados vecinos como el portugués. La petición surge en un momento en que la fiscalidad eléctrica está bajo escrutinio tanto a nivel nacional como europeo por su impacto en el avance de las renovables y la transición energética.
El sector reclama una fiscalidad que impulse la energía limpia
La organización empresarial APPA Renovables ha insistido en que el impuesto del 7 % sobre la producción eléctrica, oficialmente IVPEE, se ha convertido en una barrera para que España avance en su electrificación y adopte con mayor rapidez tecnologías limpias. Este impuesto, que grava la generación eléctrica con un 7 % adicional sobre los ingresos, fue diseñado hace más de una década en un contexto de déficit que ya se ha superado, pero según APPA sigue vigente y encareciendo la electricidad para todos los agentes del sistema. La asociación sostiene que este sobrecoste desincentiva la sustitución de combustibles fósiles por electricidad renovable en industrias, edificios y transporte, lo que ralentiza los objetivos climáticos y de eficiencia energética del país.
Una de las causas que más han alarmado al sector renovable es la comparación con Portugal, que recientemente ha eliminado un impuesto similar al español. En un mercado energético compartido como el MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad), mantener una carga fiscal extra para la producción eléctrica en España genera una clara desventaja competitiva, especialmente para las empresas que compiten transfronterizamente. APPA advierte de que esta diferencia puede incentivar la relocalización de inversiones o dificultar la atracción de nuevos proyectos en el país, lo que iría en contra de los objetivos de reindustrialización y fortalecimiento del tejido productivo.
Además del impuesto del 7 %, la fiscalidad eléctrica en España incluye otros gravámenes como el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA correspondiente, sumados a cánones y tasas que, para APPA, pesan de forma desproporcionada sobre el consumo energético de hogares e industrias. Esta compleja estructura impositiva no solo encarece la factura eléctrica, sino que, según la asociación, frena la demanda eléctrica y limita el aprovechamiento de la creciente generación renovable. En 2025, aunque más del 75 % de la electricidad generada fue libre de emisiones, su participación en el consumo final total se mantuvo alrededor del 25 %, una tasa que no ha avanzado significativamente en décadas.
La petición de APPA Renovables se enmarca además dentro de los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, que busca aumentar la cuota de renovables en el consumo de energía y promover una electrificación ambiciosa. La asociación advierte que sin señales regulatorias claras, estabilidad normativa y una reforma fiscal que alinee los incentivos con las metas de descarbonización, será casi imposible cumplir esas metas. APPA reclama así una revisión profunda de los tributos aplicados a la energía eléctrica para facilitar que la electricidad renovable pueda crecer y sustituir progresivamente a los combustibles fósiles en sectores clave de la economía.
