El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que extiende el gravamen a las grandes empresas energéticas durante el próximo año. Esta medida ha generado preocupación entre las principales asociaciones del sector (Sedigás, AOP y aelēc), que la califican de “preocupante” debido a su posible impacto en la competitividad industrial, la seguridad jurídica y la reputación internacional de España.
El impuesto incluye incentivos para las compañías que inviertan en energías renovables y proyectos de descarbonización. Sin embargo, su convalidación en el Congreso enfrenta desafíos, ya que el Gobierno no cuenta con el apoyo garantizado de partidos clave como el PNV y Junts.
Para asegurar su aprobación, el Ministerio de Hacienda propone tramitar el decreto como proyecto de ley, transformando el gravamen en un impuesto permanente, lo que podría atraer el respaldo de Podemos y del PNV. La medida forma parte de un paquete de iniciativas fiscales que reflejan el compromiso del Ejecutivo con la transición ecológica, aunque enfrenta críticas y oposición en el ámbito político y empresarial.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que extiende el gravamen a las grandes empresas energéticas durante el ejercicio 2025. Esta decisión ha suscitado preocupación en las principales asociaciones del sector, que consideran que la medida podría afectar negativamente la competitividad industrial y la seguridad jurídica en España.
Preocupación en el sector energético
La Asociación Española del Gas (Sedigás), la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) han emitido un comunicado conjunto calificando de “preocupante” la aprobación de este nuevo gravamen. Argumentan que la medida podría deteriorar la reputación de España ante la comunidad inversora nacional e internacional y enviar una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización necesario en España y Europa.
Incentivos para la transición ecológica
El Gobierno ha indicado que las empresas que realicen inversiones estratégicas en proyectos de energías renovables y descarbonización podrán beneficiarse de deducciones en este impuesto. Estas inversiones incluyen la producción de hidrógeno renovable y la transformación de residuos en productos reutilizables o en gases renovables, como el biogás.
Trámite parlamentario y desafíos políticos
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Sin embargo, el Gobierno no cuenta con el apoyo garantizado de partidos clave como el PNV y Junts, que previamente se han alineado con la oposición para evitar la prórroga del impuesto. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado la aprobación del decreto, calificándola de “purito paripé” y reiterando que su partido votará en contra, ya que considera que la medida rompe el sistema de Concierto.
Posible transformación en impuesto permanente
Para asegurar la aprobación parlamentaria, el Ministerio de Hacienda ha propuesto que el decreto se tramite posteriormente como proyecto de ley, con el objetivo de convertir el gravamen en un impuesto permanente. Esta propuesta busca atraer el apoyo de formaciones como Podemos, que rechaza la temporalidad del impuesto, y del PNV, que podría gestionar el tributo a través de las haciendas forales vascas y navarra.
Impacto en la política fiscal y económica
La extensión del gravamen a las grandes energéticas forma parte de un paquete de medidas fiscales del Gobierno, que también incluye la prórroga de deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la rehabilitación energética de viviendas, así como la eliminación gradual de las rebajas del IVA a los alimentos. Estas decisiones reflejan el compromiso del Ejecutivo con la transición ecológica y la sostenibilidad económica, aunque enfrentan desafíos políticos y la oposición de sectores industriales.
La aprobación definitiva del gravamen dependerá del debate parlamentario y de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas en las próximas semanas.
Para una visión más detallada, puede consultar la referencia oficial del Consejo de Ministros.
