RESUMEN: El Gobierno ha aprobado un nuevo rescate de 200 millones de euros para el sector de las energías renovables ante la creciente inestabilidad del sistema eléctrico. Tras las alertas por riesgo de apagón, Red Eléctrica, la CNMC y las principales compañías del sector coinciden en que la red no puede sostener por ahora una alta penetración de energía eólica y solar. La medida busca compensar a las 62.000 plantas del sistema Recore y garantizar el suministro, aunque el sector teme que esta situación frene la inversión y retrase los objetivos de transición energética del país.
Las eléctricas y el regulador alertan de que el sistema no está preparado para integrar más generación verde sin poner en riesgo la seguridad del suministro.
El temor a un nuevo apagón ha encendido las alarmas dentro del sector energético español. En los últimos días, las reuniones mantenidas entre la CNMC, Red Eléctrica, las principales compañías eléctricas y el Gobierno han concluido con un diagnóstico claro: el sistema no está listo para sostener una presencia mayoritaria de energías renovables sin comprometer la estabilidad de la red.
La consecuencia inmediata ha sido la puesta en marcha de un nuevo paquete de ayudas de 200 millones de euros para compensar a las instalaciones eólicas y fotovoltaicas afectadas por la caída de ingresos y la pérdida de espacio en el mercado eléctrico.
“En el sector se percibe un clima de preocupación, incluso de cierto pánico”, reconocen fuentes del ámbito energético. La reciente crisis de abril, que provocó un apagón de grandes dimensiones, ha dejado cicatrices. Desde entonces, el miedo a una nueva interrupción ha llevado a las autoridades a reforzar la dependencia de las tecnologías convencionales —gas, hidráulica y nuclear— para asegurar la estabilidad del sistema.
Un directivo del sector explica que se está exigiendo a las centrales tradicionales operar al 100 % de su capacidad para servir como respaldo a las renovables en los momentos de menor demanda. “Hemos trasladado al regulador que esta estrategia no es eficiente ni rentable”, advierte.
La CNMC ha confirmado que se trata de una medida de carácter urgente y temporal, aunque Red Eléctrica defiende que debería mantenerse mientras persistan los riesgos de suministro. En cualquier caso, los costes de garantizar esa seguridad recaen sobre los consumidores, lo que vuelve a poner el foco en el impacto económico de la transición energética.
Las 62.000 plantas del sistema Recore, en el punto de mira
En paralelo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Sara Aagesen, ha aprobado un refuerzo adicional para las 62.000 instalaciones del sistema Recore (Renovable, Cogeneración y Residuos). La medida se interpreta como un reconocimiento implícito de que las perspectivas para estas tecnologías no son alentadoras.
El mecanismo Recore, que tiene un coste anual aproximado de 4.000 millones de euros para los consumidores, fue diseñado en el Gobierno de Mariano Rajoy para sustituir las antiguas primas de la era Zapatero. Ahora, ante la caída de rentabilidad de muchas plantas, el Ejecutivo ha decidido compensar la pérdida de ingresos con unos 200 millones adicionales, que se sumarán a la factura eléctrica.
A ello hay que añadir otros sobrecostes que están tensionando el sistema, como los 371 millones de euros adicionales derivados del refuerzo de seguridad implementado tras el apagón de primavera, según datos de Red Eléctrica.
Exceso de oferta, falta de demanda y un futuro incierto
El panorama eléctrico dista del previsto por el Gobierno en su estrategia energética. Hoy, España se enfrenta a un exceso de generación renovable frente a una demanda insuficiente, con precios que en ocasiones llegan a ser nulos o incluso negativos.
Aunque los consumidores no perciben una bajada directa en su factura —ya que deben costear la seguridad del suministro—, muchas plantas eólicas y solares se ven obligadas a verter parte de su producción, lo que desincentiva la inversión y pone en riesgo los planes para alcanzar 160 GW de potencia renovable instalada en 2030 (frente a los 85 actuales).
Las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP— coinciden en que el gran cuello de botella está en la falta de infraestructuras de red. Sin una expansión de las líneas de transporte y distribución, la electrificación de la economía no podrá avanzar al ritmo previsto.
Además, las compañías aprovechan este contexto para presionar al Ejecutivo a reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares, que consideran esenciales para mantener la estabilidad y evitar futuros apagones.
En definitiva, el sector energético atraviesa una fase de tensión: las renovables pierden protagonismo, el Gobierno busca fórmulas para sostenerlas y los consumidores asumen los costes de un sistema que aún busca el equilibrio entre sostenibilidad y seguridad.
