El cambio en el cómputo de la energía vendida a precio cero busca proteger a las instalaciones del régimen RECORE ante los precios bajos del mercado eléctrico.
RESUMEN: El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto que actualiza la regulación de las energías renovables para garantizar su rentabilidad ante los bajos precios del mercado eléctrico. La norma modifica el cómputo de la energía vendida a precio cero y refuerza el control del sistema eléctrico, dando prioridad a las renovables y al almacenamiento. También introduce nuevas exigencias ambientales y límites de emisiones para avanzar hacia la descarbonización.
NOTICIA: El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que actualiza la regulación de la producción de energía eléctrica con el fin de asegurar la rentabilidad de las instalaciones de energías renovables. La norma modifica la forma en que se contabiliza la energía vendida a precio cero y la energía no entregada por restricciones técnicas dentro de las horas mínimas de funcionamiento exigidas. No obstante, este mecanismo de rentabilidad garantizada recaerá, directa o indirectamente, sobre los consumidores y contribuyentes, ya sea a través del recibo eléctrico o de los impuestos.
Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el nuevo real decreto introduce cambios en el Real Decreto 413/2014, que regula la producción eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (régimen RECORE), al que se acogen actualmente más de 62.000 instalaciones en todo el país.
Estabilidad para las renovables en un contexto de precios bajos
El Ministerio explica que las nuevas disposiciones buscan preservar la rentabilidad regulada de las plantas en un entorno de precios cero o incluso negativos, al tiempo que refuerzan la seguridad del suministro eléctrico, mejoran la capacidad de control del operador del sistema y facilitan la integración de sistemas de almacenamiento. Además, el texto promueve un tratamiento más sostenible de los residuos energéticos.
Con el fin de evitar que los precios bajos del mercado afecten a la rentabilidad regulada de las instalaciones RECORE, se ajustará el número de horas equivalentes de funcionamiento. Así, no se computarán como tales ni la energía vendida durante más de seis horas consecutivas a precio cero ni la que no se haya podido vender por motivos de restricciones técnicas.
Hasta ahora, las instalaciones veían reducidos sus ingresos anuales si el número de horas equivalentes de operación —resultado de dividir la energía vendida entre la potencia instalada— se situaba por debajo de un umbral mínimo establecido para cada tecnología.
Más control y prioridad para las renovables
La nueva norma amplía las obligaciones de conexión a centros de control para todas las plantas generadoras, incorporando también los sistemas de almacenamiento energético, que deberán enviar telemedidas en tiempo real al operador del sistema y recibir instrucciones de operación. Asimismo, las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte tendrán que remitir también sus datos de telemedida.
Con el objetivo de favorecer la penetración del almacenamiento y de tecnologías más flexibles, se modifica el orden de prelación del redespacho a la baja no basado en el mercado. Se elimina el concepto de “generación no gestionable” e incorpora explícitamente el almacenamiento. En este nuevo esquema, las instalaciones de energías renovables, incluidas las que dispongan de almacenamiento, tendrán prioridad de despacho, seguidas de las cogeneraciones de alta eficienciay, en último lugar, el resto de tecnologías.
Nuevas exigencias ambientales y de residuos
El decreto también incorpora a la normativa sectorial el principio de jerarquía de residuos establecido por la legislación europea. Las plantas deberán certificar la recogida separada de residuos para poder beneficiarse del régimen retributivo RECORE. Además, la remuneración se ajustará en función del porcentaje de combustible que no cumpla con esa acreditación.
Por último, el texto fija un límite máximo de emisiones de 270 gramos de CO₂ por kWh para las nuevas instalaciones de cogeneración, así como para las reformas sustanciales de las ya existentes. Con ello, el Gobierno pretende impulsar la descarbonización progresiva del parque energético nacional.
