Claudia Sheinbaum justifica la eliminación de un párrafo clave sobre la transición energética en la reforma constitucional, argumentando que su implementación quedará en manos de leyes secundarias.
El gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha reiterado su compromiso con la transición energética, aunque sin la necesidad de incluir este objetivo en la Constitución. Durante una rueda de prensa, Sheinbaum aseguró que el país quiere avanzar hacia una mayor adopción de energías renovables, pero señaló que esta obligación no tiene por qué estar explícitamente establecida en la ley constitucional. Esto surge en respuesta a la eliminación de un párrafo sobre transición energética en la reforma energética que actualmente se discute en el Senado mexicano.
El Gobierno ha sido criticado por priorizar el uso de hidrocarburos y la energía proveniente de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), controlada por el Estado, frente a la expansión de energías renovables de productores privados. En su explicación, Sheinbaum indicó que la modificación busca evitar interpretaciones que pudieran prohibir, por ejemplo, el uso de paneles solares a nivel residencial, y que estos temas deben abordarse mediante leyes secundarias en lugar de ser parte de la Constitución.
Además, el Senado mexicano aprobó una reforma para redefinir el estatus de Pemex y la CFE, que dejarán de ser consideradas “empresas productivas del Estado” para convertirse en “empresas públicas”. Este cambio tiene como objetivo otorgarles preponderancia en el despacho eléctrico y fortalecer la participación estatal en la generación de energía, con el objetivo de que la CFE controle al menos el 54% de la generación eléctrica en México.
Este enfoque ha generado preocupaciones sobre el futuro de las energías renovables en el país, ya que se teme que el impulso a los combustibles fósiles y las plantas estatales frene la expansión de fuentes más limpias. A pesar de ello, Sheinbaum insiste en que el avance hacia las renovables sigue siendo una prioridad para su gobierno, aunque sin comprometerse constitucionalmente.
