La judicialización de los proyectos eólicos pone en riesgo miles de millones de inversión y miles de empleos en Galicia, mientras el sector pide soluciones urgentes.
La situación del sector eólico en Galicia se ha vuelto crítica debido a la paralización de proyectos por la judicialización de la tramitación ambiental. Según la Xunta de Galicia, de los 135 proyectos eólicos autorizados, 98 están detenidos por medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), lo que afecta a una potencia de 3.312 MW. Este bloqueo no solo afecta a la energía eólica, sino también a la solar en todo el territorio español, debido a la posible invalidez de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013. Esta situación podría extenderse a otros sectores renovables en todo el país.
Tres organizaciones “antirrenovables” han interpuesto la mayoría de los recursos judiciales, lo que ha generado una parálisis en la inversión que asciende a más de 4.200 millones de euros, y que afecta a unos 4.800 empleos a lo largo de los próximos cinco años. Además, empresas industriales de gran envergadura, como Alcoa, dependen de los proyectos eólicos para garantizar el suministro de energía a precios competitivos. Alcoa ya tenía pactados contratos de compraventa de energía a largo plazo, pero la paralización de los parques eólicos podría poner en riesgo su reapertura en San Ciprián y otros proyectos industriales en la región.
La Xunta de Galicia espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva la cuestión prejudicial sobre la Ley de Evaluación Ambiental, lo que podría destrabar la situación. Mientras tanto, promotores y empresas locales siguen a la espera de una solución que les permita avanzar con los proyectos eólicos, esenciales no solo para el sector renovable, sino también para el desarrollo económico e industrial de Galicia.
