La Asociación Empresarial Eólica considera la medida una vulneración de la libre competencia y prevé litigios si la propuesta avanza
El sector eólico español, representado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), ha rechazado tajantemente la propuesta de la Xunta de Galicia de destinar el 50% de la energía producida en la región a empresas gallegas mediante contratos a largo plazo, conocidos como Power Purchase Agreements (PPAs). La AEE considera esta medida una vulneración de la libre competencia, que va en contra de la Ley del Sector Eléctrico española y la normativa de la Unión Europea, donde se garantiza la libertad de mercado y la posibilidad de pactar libremente los términos de los contratos. Además, advierte de que, si la normativa se aprueba, podría generar litigios y arbitrajes internacionales que afectarían la estabilidad regulatoria de Galicia.
La Xunta, sin embargo, defiende que la propuesta beneficiará a las pequeñas y medianas empresas de Galicia y contribuirá a asegurar el autoabastecimiento regional, aunque reconoce que el proyecto aún es transitorio. No obstante, el sector eólico considera que esta medida podría elevar los precios de la electricidad y reducir las inversiones en la región, generando una posible distorsión de mercado. Ante esta situación, la AEE insta a la Xunta a replantear la propuesta para evitar efectos adversos en la competitividad del sector eólico gallego y español.
Fuentes: Energías Renovables, El Periódico de la Energía, Economía Digital, Evwind.
La reciente iniciativa de la Xunta de Galicia de obligar a los promotores de parques eólicos a destinar el 50% de la electricidad generada en la región para consumo de empresas gallegas ha generado un rechazo contundente desde el sector eólico español. La medida, que obligaría a los parques a cerrar contratos a largo plazo o Power Purchase Agreements (PPAs) con pequeñas y medianas empresas gallegas, ha sido calificada como “expropiación de facto” por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a los principales actores de la industria eólica en España. Argumentan que la propuesta vulnera los principios de libre competencia y va en contra de la legislación tanto nacional como europea.
Argumentos del sector eólico
La AEE sostiene que esta política de la Xunta contraviene la Ley del Sector Eléctrico española, en la cual se establece la libertad de empresa y el derecho de los operadores a negociar libremente los términos de sus contratos. Según el sector, el artículo 8 de dicha ley garantiza a los generadores de electricidad la potestad de decidir libremente los términos de sus acuerdos comerciales. Además, la Directiva Europea 2019/944 prohíbe la discriminación en el mercado energético y asegura que los suministradores puedan abastecer a los clientes sin restricciones nacionales, lo cual, según la AEE, protege la competitividad del mercado y la estabilidad jurídica.
Consecuencias potenciales de la normativa
La AEE ha advertido que la aprobación de la medida de la Xunta de Galicia podría tener graves consecuencias para la inversión en el sector eólico en la región. De acuerdo con los expertos de la industria, esta normativa podría forzar la ruptura de contratos ya establecidos, algunos de los cuales comprometen la venta de electricidad hasta 2030. Esto, explican, no solo expondría a la Xunta a demandas legales, sino que también implicaría posibles arbitrajes internacionales y sanciones de la Unión Europea, lo que en última instancia podría poner en peligro la estabilidad regulatoria de Galicia como destino de inversiones en renovables.
Además, los representantes del sector eólico sostienen que la propuesta podría elevar los precios de la electricidad en Galicia. Al priorizar la energía para un grupo restringido de consumidores en lugar de dejar que el mercado regule la oferta, se podrían generar distorsiones en los precios, afectando negativamente a otros consumidores domésticos e industriales y reduciendo el atractivo de la región para futuras inversiones.
Respuesta del Gobierno gallego
María Jesús Lorenzana, la conselleira de Economía de Galicia, defendió esta medida como una forma de incentivar el “autoabastecimiento” y asegurar que los beneficios de la producción de energía renovable lleguen a las empresas gallegas, especialmente a aquellas de menor tamaño que encuentran más complicado acceder a contratos de suministro a largo plazo. Lorenzana afirmó que la propuesta tiene carácter transitorio y que anticipa algunos de los principios que formarán parte del próximo plan eólico de la región, que se espera esté listo en unos dos años.
Sin embargo, la AEE y otros representantes del sector eólico han hecho un llamado a la Xunta para reconsiderar la propuesta y evitar la imposición de restricciones que, en su opinión, comprometen los derechos de los promotores de energía y la estabilidad del mercado. Reiteran que los principios de libertad de mercado y competitividad son fundamentales para el crecimiento sostenible de la industria renovable, y que cualquier normativa que los limite podría llevar a un debilitamiento de la seguridad jurídica en la región.
Sector energético y contexto de la política
La propuesta de la Xunta se enmarca dentro de un creciente debate sobre cómo maximizar los beneficios de la transición energética en las economías locales. Galicia, como otras regiones de España, busca fortalecer su independencia energética y asegurar que la producción de energía renovable tenga un impacto directo en su economía. No obstante, desde la perspectiva del sector, las políticas energéticas regionales deben alinearse con la normativa nacional y europea para no poner en riesgo la estabilidad del sector y, en última instancia, el acceso de los consumidores a precios competitivos.
El sector eólico español considera que, en lugar de medidas restrictivas, las administraciones regionales y nacionales deberían incentivar modelos de mercado abiertos que promuevan una competencia sana, tanto en la generación como en la comercialización de energía. La AEE destaca que un marco de libre competencia es esencial para atraer a más inversores, fomentar la innovación y permitir una transición hacia una economía verde que sea sostenible y competitiva en el ámbito europeo.
