En abril de 2025, España sufrió un apagón masivo que dejó a millones sin luz por varias horas. El incidente evidenció la falta de preparación del sistema para integrar grandes cantidades de energía renovable —sobre todo solar y eólica— en un contexto de baja demanda y condiciones favorables. Esa situación generó oscilaciones de red que provocaron la desconexión automática de más del 60 % de la generación eléctrica del país.
El Decreto-ley 7/2025 fue aprobado pero luego rechazado por el Congreso
Como respuesta inmediata, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025, que introducía medidas técnicas y normativas para evitar que se repitieran eventos similares. Aunque fue aprobado y aplicado por un tiempo, finalmente fue rechazado por el Congreso, lo que dejó sin efecto todas sus disposiciones.
El rechazo generó incertidumbre jurídica, paralización de proyectos y desconfianza en el sector, pese a que contaba con respaldo técnico y del sector energético.
APPA señala la falta de atención al sistema gasista
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) aprovechó este vacío político para alertar sobre una carencia estructural: mientras la electricidad avanza hacia una transición sostenible, el sistema gasista —que representa más del 21 % de la energía primaria del país— permanece sin reformas.
Actualmente, solamente el 0,15 % del gas consumido en España proviene de fuentes renovables como el biogás y el biometano.
El biometano, una alternativa con gran potencial
APPA destaca que el biogás, y su versión purificada —el biometano—, es una solución viable y conveniente: se produce a partir de residuos orgánicos (agrícolas, ganaderos, urbanos) y puede inyectarse directamente en la red de gas natural sin grandes cambios en la infraestructura, fomentando además la economía circular mediante la valorización de residuos y la generación de digestato como fertilizante.
Según estimaciones de la Comisión Europea, España podría producir más de 40 TWh de biometano al año, lo que contribuiría a cubrir cerca del 13 % de la demanda nacional de gas en 2030. Sin embargo, actualmente solo existen 17 plantas operativas en el país, frente a más de 700 en Francia o más de 11 000 en Alemania.
Lo que APPA exige: marco normativo y trasparencia
APPA Biogás reclama al Gobierno una estrategia nacional que contemple:
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Un régimen económico específico para estas plantas.
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Criterios ambientales unificados y claras regulaciones.
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Una ventanilla única para agilizar trámites.
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Un derecho efectivo de inyección de biometano en la red gasista.
También urge mayor transparencia para evitar el greenwashing en el sector gasista, solicitando que se informe claramente del porcentaje real de biometano en los suministros.
Una transición energética incompleta necesita menos eslóganes y más acción
El rechazo del Decreto-ley 7/2025 fue una derrota desde una perspectiva técnica y política, pero además expuso que la política energética española aún está lejos de afrontar el desafío climático y energético. APPA subraya que sin una transición completa —que incluya también al sector gasista— los objetivos climáticos y energéticos no serán alcanzables. “El futuro no se construye solo con intenciones, sino con políticas coherentes, sostenidas y técnicamente respaldadas”, advierte la asociación.
