RESUMEN: El Gobierno español acumula ya siete condenas consecutivas en tribunales de Estados Unidos por los recortes retroactivos a las energías renovables. Las sentencias, que suman más de 700 millones de euros, elevan la deuda total con inversores internacionales a cerca de 1.800 millones.
NOTICIA: El Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa recibiendo reveses judiciales al otro lado del Atlántico. En las últimas semanas, los tribunales de Estados Unidos han dictado siete sentencias consecutivas desfavorables para el Estado español, derivadas de la oleada de litigios internacionales por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables.
El caso más reciente corresponde a la compañía 9Ren Holding, con sede en Luxemburgo, que invirtió más de 211 millones de euros en ocho plantas solares fotovoltaicas en España antes de los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy. La Corte de Distrito de Columbia ha ratificado ahora el laudo arbitral que condena a España a pagar 44 millones de euros a la empresa, consolidando un nuevo golpe judicial contra el Estado
Una ofensiva judicial que se extiende por varios países
El fallo estadounidense llega apenas semanas después de que un tribunal federal de Australia ordenara ejecutar otros cuatro laudos arbitrales favorables a 9Ren y a otros inversores, por un importe conjunto de 469 millones de euros.
Con esta última resolución, el Gobierno español encadena ocho derrotas judiciales internacionales, siete de ellas en suelo norteamericano, que suponen ya una factura cercana a los 700 millones de euros.
Entre las compañías que han obtenido resoluciones favorables en Estados Unidos figuran Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones). Todas ellas reclamaron compensaciones por los recortes aplicados a las tarifas y primas que en su día incentivaron las inversiones en el sector renovable español.
Una deuda que supera los 1.700 millones de euros
Según las estimaciones de los despachos que representan a los fondos demandantes, el Estado español acumula una deuda total de 1.754,7 millones de euros con 27 empresas afectadas por los cambios normativos en las retribuciones a las energías limpias.
A esta cifra se suman 415 millones de euros adicionales correspondientes a intereses de demora, costas judiciales y gastos legales derivados de los múltiples procesos internacionales. En conjunto, la factura total supera los 2.100 millones de euros, lo que convierte el caso en uno de los mayores contenciosos financieros del Estado español en el ámbito energético.
Riesgo de embargos y presiones internacionales
Las consecuencias de estos fallos no se limitan a Estados Unidos. En Reino Unido y Bélgica, algunos inversores ya han logrado embargos preventivos sobre activos estatales españoles, como medida de presión para garantizar el cobro de las indemnizaciones.
En Australia, las autoridades judiciales también han abierto la puerta a confiscar bienes del Estado español, en caso de persistir el impago de los laudos reconocidos.
Llamamientos a un acuerdo negociado
Las empresas afectadas por los recortes insisten en reclamar al Ejecutivo un acuerdo global de compensación que permita cerrar el conflicto, siguiendo el modelo aplicado el pasado mes de julio con la corporación japonesa JGC, con la que el Gobierno logró un pacto extrajudicial que evitó nuevos embargos.
El sector considera que una solución negociada sería la única vía para frenar la cascada de condenas y proteger la reputación internacional de España como destino de inversión en energías renovables.
Mientras tanto, los fallos judiciales continúan acumulándose, y la factura del pasado regulatorio en materia de renovables sigue creciendo con cada nueva resolución.
