RESUMEN: El Banco Mundial, a través del CIADI, ha vuelto a condenar a España a pagar 262 millones de euros a Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg, el doble de lo dictado en un laudo anterior anulado en 2020. El caso, originado por la retirada retroactiva de primas a las renovables, culmina una década de litigios. Con esta nueva sentencia, España acumula ya 27 laudos firmes por recortes al sector, con una factura total superior a 2.150 millones de euros. El incumplimiento de los pagos ha derivado en embargos en varios países y un deterioro de la imagen internacional del Estado, que hoy figura entre los países con más impagos arbitrales del mundo.
Un conflicto que se remonta a 2013
El origen del caso se sitúa en 2013, cuando los inversores denunciaron a España ante el CIADI (expediente ARB/13/36) acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía. Alegaban que las reformas regulatorias impulsadas entre 2012 y 2014, que suprimieron o modificaron de forma sustancial las primas comprometidas a las renovables, violaban el principio de trato justo y equitativo y rompían las expectativas legítimas de inversión bajo un marco jurídico estable.
El primer tribunal arbitral, en 2017, dio la razón a los demandantes y condenó a España a pagar 128 millones de euros más intereses, pero el fallo fue anulado tres años después por motivos procedimentales. En 2021, los reclamantes reactivaron el proceso y, tras una nueva revisión, el CIADI ha ratificado la responsabilidad del Estado español incrementando la indemnización hasta los 262 millones de euros.
Tres plantas termosolares afectadas
Eiser desarrolló tres plantas termosolares en España, todas ellas bajo el régimen de primas reguladas diseñado para incentivar la inversión en energías limpias. Según los inversores, las sucesivas reformas aplicadas por el Gobierno español cambiaron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales, provocando pérdidas significativas y poniendo en riesgo la viabilidad financiera de las instalaciones.
El nuevo laudo, que pone fin a más de una década de litigios, se suma a una larga lista de procedimientos abiertos contra el Reino de España por decisiones similares en el ámbito de las renovables.
Una factura que ya supera los 2.150 millones de euros
Con esta nueva condena, España acumula 27 laudos firmes pendientes de pago. El importe total de las indemnizaciones alcanza 1.755 millones de euros, cifra a la que se suman 397 millones en intereses de demora y costes legales, lo que eleva la factura global a 2.152 millones.
Ante la negativa del Gobierno a cumplir voluntariamente las resoluciones arbitrales, numerosos tribunales extranjeros han comenzado a reconocer y ejecutar los laudos. En Estados Unidos, los jueces han validado los casos Cube (40,2 M€), Watkins (79,5 M€), Infrastructure Services/Antin (125,1 M€), RREEF (74 M€), Infrared (35 M€) y NextEra (290,6 M€).
El escenario judicial se extiende también a Australia, donde el Tribunal Federal dictó el pasado 29 de agosto una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos, RREEF, 9REN, Watkins y NextEra, por un importe conjunto de 469 millones de euros. La resolución, además, impone costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención fue rechazada por el tribunal.
A ello se suman los embargos en Reino Unido y Bélgica, donde ya se han intervenido bienes del Estado español como la sede del Instituto Cervantes, edificios de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, cuentas bancarias y 200 millones de euros interceptados a Enaire a través de Eurocontrol el pasado mes de julio.
España, líder mundial en impagos arbitrales
La situación coloca a España en una posición muy comprometida en el ámbito internacional. El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, sitúa al país al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia en cuanto a impagos de resoluciones del CIADI.
Este deterioro ha tenido un impacto reputacional considerable, que ya se refleja en la economía real. Según los datos más recientes, la inversión extranjera captada por España se ha reducido un 60% en lo que va de año, debido en gran parte a la pérdida de confianza jurídica de los inversores internacionales.
Llamamientos a resolver la crisis de seguridad jurídica
Diversos expertos del sector energético y jurídico apuntan a que el Gobierno de Pedro Sánchez debería buscar una solución negociada para cerrar la larga lista de conflictos abiertos. Tomar como referencia el acuerdo alcanzado en el caso JGC, que permitió poner fin a uno de los litigios mediante un pacto extrajudicial, podría ser el primer paso para restablecer la confianza.
Entre los acreedores que todavía mantienen reclamaciones contra España se encuentran grandes multinacionales del sector energético como E.ON, EDF, y empresas japonesas de peso como Toyota (caso Eurus), Mitsui e Itochu.
La crisis de los laudos de renovables representa, según analistas internacionales, uno de los mayores desafíos legales y reputacionales de España en la última década, con consecuencias directas sobre la credibilidad institucional, la atracción de inversiones y el futuro desarrollo del sector energético nacional.
