Desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025, España ha comenzado a enfrentar consecuencias inesperadas: hasta el 10 % de su producción eléctrica limpia —principalmente fotovoltaica y eólica— se está desperdiciando debido a restricciones técnicas impuestas por Red Eléctrica de España (REE). Este fenómeno de “vertido técnico” refleja una creciente incapacidad del sistema para absorber la energía renovable generada, a pesar de que estas fuentes alcanzan niveles de producción sin precedentes.
El incremento en el vertido de renovables no es nuevo, aunque sí se ha agravado tras el apagón. Según datos recientes, los recortes técnicos en la generación renovable han pasado del 5–15 % habituales a niveles que sobrepasan el 20 % algunos días, estabilizándose en promedio entre el 8 y el 10 %. Una estimación de la consultora Afry indica que estos vertidos técnicos se han intensificado con la entrada de ciclos combinados de gas, agregando firmeza al sistema, pero desplazando a las fuentes limpias.
Contexto del apagón y su impacto
El apagón —el más grave de la historia reciente de España— se desencadenó por una caída repentina del 60 % en la producción fotovoltaica, una desconexión automática de aproximadamente 15 GW de potencia renovable, y la falta de capacidad firme en el sistema energético. Red Eléctrica había advertido unos meses antes sobre el potencial de desconexiones severas, ante el rápido crecimiento de las renovables y el retiro simultáneo de fuentes convencionales como centrales de gas, carbón o nucleares.
Tras el apagón, el sistema ha recurrido con mayor frecuencia a centrales de gas, hidráulicas regulables y nucleares para asegurar la estabilidad. Este giro ha permitido contar con un colchón de energía firme del 40 % del mix, frente al 20 % previo.
Avances y retos en infraestructura y almacenamiento
Para evitar más vertidos, el Gobierno aprobó recientemente una actualización del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026. Esta contempla la ejecución de 65 actuaciones clave —como la instalación de compensadores síncronos en la península y sistemas FACTS en Cataluña— que tienen por objetivo aportar inercia, operar tensiones dinámicamente y, en última instancia, facilitar una mayor integración renovable. La inversión prevista alcanza los 750 millones de euros, elevando el presupuesto total del plan a más de 8.200 millones de euros hasta 2026.
Por otro lado, los retrasos en las interconexiones con Francia —fundamentales para exportar excedentes y aliviar la red— han obligado a acelerar el despliegue de almacenamiento en baterías. Estas soluciones permitirían manejar la energía solar diurna sobrante y estabilizar precios, ya que, de lo contrario, la rentabilidad del sector fotovoltaico podría verse comprometida.
Una transición que requiere planificación y realismo técnico
Expertos y analistas insisten en que la transición hacia un sistema eléctrico basado casi exclusivamente en renovables debe ir acompañada de una regulación robusta, inversión en infraestructuras, modernización de redes y respaldo energético firme. El economista Jordi Sevilla ha criticado que el debate energético se politice, y pide decisiones basadas en criterios técnicos, incluyendo mantener abiertas nucleares como reserva mientras se completa la transformación.
Asimismo, ciertas propuestas de futuro, como alcanzar más del 80 % de electricidad renovable para 2030, se consideran desafiantes si no avanzan simultáneamente la electrificación de la demanda, el almacenamiento, y las interconexiones.
Fuentes: Vozpópuli; El País; Cinco Días; Review-Energy.
