La captura, utilización y almacenamiento de carbono (CAUC o CCUS por sus siglas en inglés) es una tecnología clave para reducir las emisiones de CO₂ en sectores industriales difíciles de descarbonizar, como el cemento, el acero o la química pesada. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), estas tecnologías permitirán capturar entre 2.000 y 6.000 millones de toneladas de CO₂ anuales entre 2035 y 2050, lo que representa una reducción potencial del 33% de las emisiones globales.
La Unión Europea ha reconocido la importancia de estas tecnologías. En 2023, se adoptó la Ley de Industria Net Zero (NZIA), que establece como objetivo alcanzar una capacidad de inyección anual de al menos 50 millones de toneladas de CO₂ para 2030. Además, la Comisión Europea ha presentado propuestas para impulsar estas tecnologías, especialmente en sectores donde la reducción de emisiones es más complicada.
España: a la cola de Europa por falta de regulación
A pesar del potencial, España se encuentra rezagada en el desarrollo de proyectos de captura y almacenamiento de CO₂. Aunque la Ley 40/2010 incorporó la Directiva 2009/31/CE sobre almacenamiento geológico de CO₂, el desarrollo reglamentario necesario para muchos aspectos aún no se ha producido. El borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, enviado en junio de 2023 a la Comisión Europea, incluye referencias a estas tecnologías, pero no establece objetivos concretos ni estrategias claras.
Esta falta de regulación impide que los proyectos españoles accedan a fondos europeos como el Innovation Fund, los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) o el Mecanismo Conectar Europa (CEF), lo que limita su viabilidad y competitividad. Además, España no ha ratificado la Enmienda de 2009 al Protocolo de Londres, que permitiría el transporte transfronterizo de CO₂, una barrera adicional para el desarrollo de infraestructuras necesarias.
Riesgo de desindustrialización y pérdida de competitividad
La Plataforma Tecnológica Española del CO₂ (PTECO2) ha advertido que, sin el desarrollo de estas tecnologías, España no podrá descarbonizar su industria. Pedro Mora, presidente de PTECO2, señala que “nuestra industria se irá a Argelia o a Marruecos, donde no tienen que asumir el coste del comercio de derechos de emisión de CO₂ de Europa y además, no pagarán el Mecanismo de Ajuste en Frontera (CBAM)”.
La falta de una estrategia nacional clara y de infraestructuras adecuadas coloca a España en una posición de desventaja frente a otros países europeos que ya están desarrollando proyectos de captura y almacenamiento de CO₂. Esto podría traducirse en una pérdida de competitividad y en la deslocalización de industrias intensivas en carbono.
Proyectos europeos: el caso del Proyecto Aramis
Mientras España permanece rezagada, otros países europeos avanzan en el desarrollo de infraestructuras para la captura y almacenamiento de CO₂. Un ejemplo destacado es el Proyecto Aramis, en los Países Bajos, que tiene como objetivo transportar 7,5 millones de toneladas de CO₂ capturado desde fuentes industriales mediante tuberías terrestres y tránsito marítimo a un centro de recolección y almacenamiento en el puerto de Rotterdam. Este proyecto ha sido designado como Proyecto de Interés Común (PCI) por la Comisión Europea y ha recibido una subvención de 124 millones de euros dentro del programa Mecanismo Conectar Europa (CEF).
El CO₂ capturado se almacenará temporalmente y se comprimirá en el centro de recolección antes de transportarse a través de un ducto central en alta mar a plataformas de distribución en el Mar del Norte. Este tipo de proyectos demuestra la viabilidad y la importancia estratégica de desarrollar infraestructuras de captura y almacenamiento de CO₂ a nivel europeo.
Conclusión: una oportunidad estratégica para España
La captura y almacenamiento de CO₂ es una herramienta esencial para alcanzar los objetivos de neutralidad climática y mantener la competitividad industrial. España cuenta con el conocimiento y las capacidades necesarias para desarrollar estas tecnologías, pero la falta de una estrategia nacional clara y de un marco regulatorio adecuado está frenando su implementación.
Es urgente que el Gobierno español impulse el desarrollo de estas tecnologías, establezca objetivos concretos y facilite el acceso a fondos europeos. De lo contrario, España corre el riesgo de perder competitividad y de ver cómo su industria se traslada a países con políticas más favorables.
Fuentes: El Períódico de la Energía, elEconomista, ElEspañol
