Junts per Catalunya se opone al gravamen y pone en riesgo un impuesto que buscaba financiar la transición energética, mientras Cataluña se centra en preservar millonarias inversiones industriales.
El Gobierno español enfrenta la eliminación de su impuesto a las energéticas después de que Junts per Catalunya, el partido catalán independentista, se posicionara en contra. Este impuesto, que surgió como medida temporal para gravar los beneficios de grandes empresas energéticas, buscaba compensar el impacto económico derivado del alza de precios tras la guerra en Ucrania. Sin embargo, la medida podría fracasar si Junts se mantiene firme en su decisión de no apoyarlo, en parte para proteger importantes proyectos industriales en Cataluña. Las inversiones de Repsol, que ascienden a unos 1.100 millones de euros y están destinadas principalmente a Tarragona, se consideran críticas para la economía local y estarían en riesgo si el impuesto se mantiene en vigor.
Entre los planes en juego se encuentran un electrolizador de hidrógeno verde y una ecoplanta en El Morell, ambos parte de los esfuerzos de Repsol por avanzar en la transición energética y la economía circular en la región. En respuesta, Foment del Treball, una destacada patronal catalana, ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a intervenir en favor de evitar este impuesto permanente, argumentando que podría desalentar las inversiones de grandes empresas en la región y afectar la competitividad de la industria catalana.
Junts, con su voto decisivo, resalta que no estaban de acuerdo con el impuesto en su programa y sostienen que el gravamen afectaría de manera desproporcionada a empresas como Repsol y Cepsa, al tiempo que dejaría a las eléctricas en una posición menos afectada. La postura de Junts también podría tener implicaciones políticas, alineándolos con la oposición del Partido Popular y Vox en contra de esta medida del Gobierno central. La presión sobre el Gobierno es significativa, ya que el fracaso en la aprobación de este impuesto podría ser una pérdida importante en su agenda fiscal y en su relación con socios europeos.
