RESUMEN: La recarga en corriente alterna (AC), más accesible y económica que la carga rápida, se perfila como el elemento decisivo para impulsar la adopción del vehículo eléctrico en España. Expertos del sector señalan que su despliegue depende, en gran medida, de una mayor voluntad política a nivel municipal.
NOTICIA: La expansión del vehículo eléctrico en España sigue avanzando a un ritmo inferior al esperado, pese a las crecientes ventajas económicas frente a los combustibles tradicionales, especialmente en un contexto de inestabilidad energética internacional. Uno de los principales obstáculos es la falta de infraestructuras de recarga accesibles para la mayoría de la población.
En este escenario, la recarga en corriente alterna (AC) emerge como una solución clave. Más económica, sencilla de instalar y mejor integrada en el entorno urbano, esta modalidad permite cargar el vehículo mientras está estacionado durante actividades cotidianas, facilitando su uso a quienes no disponen de garaje privado, una situación que afecta a más del 70% de los ciudadanos en España.
Durante un encuentro informativo organizado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y Qwello España, expertos del sector subrayaron que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en el despliegue de esta infraestructura. Su impulso permitiría crear un ecosistema más accesible y equitativo para la movilidad eléctrica.
A diferencia de la carga rápida en corriente continua (DC), la recarga en AC requiere menor inversión, menor potencia y genera menos presión sobre la red eléctrica. Con potencias habituales de entre 7 y 11 kW, favorece la estabilidad del sistema y permite aprovechar mejor la energía renovable, especialmente mediante sistemas de carga inteligente que optimizan el consumo en horas valle.
Además, el coste total de despliegue de esta infraestructura puede ser entre cinco y diez veces inferior al de la carga rápida, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para la inversión pública municipal.
La experiencia en otras ciudades europeas demuestra que, cuando se alcanza una densidad suficiente de puntos de recarga en AC, entre 0,5 y 1 por cada 100 habitantes, las matriculaciones de vehículos eléctricos pueden aumentar entre un 20% y un 40% anual. La disponibilidad de infraestructura genera confianza y estimula la demanda.
Sin embargo, en España persisten barreras que frenan este desarrollo, desde la falta de prioridad política hasta limitaciones de recursos o desconocimiento. Esta situación genera una contradicción: mientras el contexto favorece el cambio hacia la movilidad eléctrica, las ciudades no siempre ofrecen las condiciones necesarias para facilitarlo.
Desde el sector insisten en que la recarga pública en corriente alterna no es solo una opción, sino la base sobre la que debe construirse el crecimiento del vehículo eléctrico, permitiendo una transición más inclusiva, eficiente y alineada con los hábitos reales de los usuarios.
