RESUMEN:Los proveedores de bienes y servicios energéticos alertan de que la propuesta regulatoria de la CNMC para 2026-2031 genera fuerte incertidumbre y no reconoce los costes reales de una cadena de suministro ya tensionada. El sector advierte que el recorte de OPEX podría provocar pérdida de empleo, menor inversión y deslocalización, y reclama un marco retributivo estable que asegure las inversiones necesarias para la electrificación y la descarbonización.
Un estudio del sector evidencia preocupación por la caída del OPEX, la falta de visibilidad regulatoria y el encarecimiento de las cadenas de suministro.
Una encuesta realizada por aelēc entre compañías proveedoras de bienes y servicios energéticos revela un elevado grado de inquietud ante el modelo retributivo que la CNMC ha propuesto para el periodo 2026-2031 y la nueva tasa de retribución financiera (TRF). La consulta, que recoge 38 respuestas de empresas con presencia nacional e internacional, dibuja un escenario de gran incertidumbre regulatoria y de riesgo para la continuidad de la actividad industrial ligada a las redes eléctricas.
Según los datos recopilados, el 79% de las empresas encuestadas desarrolla su actividad principalmente en el sector energético. Además, un 40% opera en mercados internacionales, europeos o globales, un 57% se mueve en el ámbito estatal y un 3% trabaja en un entorno regional. La visión que comparten los participantes es clara: el sector necesita un marco estable que permita planificar inversiones, ya que la falta de previsibilidad actual podría elevar aún más los costes de la cadena de valor.
Un modelo que no aporta visibilidad ni certidumbre
Más de la mitad de las compañías consultadas considera que la propuesta de la CNMC no les ofrece la claridad necesaria para definir sus planes de negocio en los próximos años. La posible degradación de las condiciones de la cadena de suministro, advierten, impactaría directamente en la competitividad y aumentaría el coste de las inversiones imprescindibles para acelerar la electrificación.
En este contexto, los suministradores remarcan que los nuevos requisitos normativos, así como la modernización de la red eléctrica, conllevan costes que deben ser reflejados adecuadamente en el marco retributivo. Inversiones como la sustitución de equipos con SF6, los refuerzos en ciberseguridad o la introducción de nuevas tecnologías siguen sin estar contempladas explícitamente en la metodología vigente. Desde aelēc se insiste en que estos gastos deben reconocerse de forma íntegra, evitando fórmulas vinculadas a la demanda que dejan la inversión expuesta a riesgos.
Rechazo casi unánime al recorte del OPEX
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el recorte del OPEX planteado para las distribuidoras eléctricas. El 90% de las empresas proveedoras anticipa un efecto negativo directo en su actividad si esta reducción se lleva a cabo durante el periodo regulatorio 2026-2031.
Las implicaciones, según las compañías consultadas, son significativas:
-
Pérdida de empleo local (82%)
-
Cancelación de inversiones ya planificadas (74%)
-
Menor competitividad frente a otros países (61%)
-
Deslocalización de actividades (45%)
-
Riesgo de cierre empresarial (11%)
El sector advierte de que muchas de estas actividades son de alto valor añadido y están distribuidas por todo el territorio español, por lo que el impacto podría ser profundo en términos de empleo y capacidad industrial. Todo ello, remarcan, en un momento clave para la reindustrialización y la expansión internacional de la cadena de suministro energética.
Pago anticipado y reconocimiento del Inmovilizado en Curso
Otro punto en el que coinciden los encuestados es la necesidad de introducir mecanismos de pago anticipado que permitan reservar turnos de producción, una práctica habitual en otros países como Reino Unido. Con el crecimiento global de las inversiones en redes eléctricas, este sistema se considera esencial para asegurar disponibilidad de fabricación.
Asimismo, la mayoría espera plazos de entrega más largos en los próximos años. Por ello, consideran imprescindible que el marco retributivo reconozca y remunere el Inmovilizado en Curso, ya que los retrasos entre el pedido y la entrega, sumados a la inflación y a los mayores costes financieros, elevan sustancialmente el coste de oportunidad de las distribuidoras. No contemplar esta retribución, advierten, puede frenar inversiones clave para la electrificación.
Cadenas de suministro tensionadas y costes al alza
El sector enfrenta también importantes desafíos en disponibilidad de materiales y talento. El 80% de las empresas señala restricciones o escasez en materias primas y componentes fundamentales, vinculadas a la fuerte competencia internacional. La falta de personal cualificado se ha convertido, además, en una preocupación casi unánime: un 97% reporta dificultades en contratación.
Las perspectivas tampoco son optimistas a corto y medio plazo. El 70% prevé un empeoramiento de las restricciones en las cadenas de suministro, y más del 90% espera que sus efectos se prolonguen entre tres y cinco años. En línea con ello, un 45% estima que los costes crecerán claramente por encima de la inflación, y un 32% anticipa un incremento moderado.
Conclusión: riesgo para la descarbonización si no hay un marco estable
El informe concluye que los suministradores de bienes y servicios energéticos consideran insuficiente la visibilidad que aporta el actual planteamiento regulatorio. La reducción de OPEX, la presión sobre los costes y la creciente competencia internacional amenazan la viabilidad de proyectos esenciales para el despliegue de redes eléctricas.
A juicio del sector, existe un desajuste entre los incentivos regulatorios y las necesidades reales del proceso de transición energética. Por ello, reclaman una revisión del modelo retributivo que aporte estabilidad, cubra adecuadamente los costes crecientes y garantice la sostenibilidad del ecosistema industrial que soporta la electrificación y la descarbonización del país.
