Agricultores, ecologistas y vecinos denuncian falta de información y piden paralizar el proyecto solar mientras el Ayuntamiento defiende la legalidad del proceso.
El proyecto para construir una gran planta fotovoltaica en el municipio guadalajareño de Fuentelencina ha generado una fuerte controversia entre agricultores, asociaciones ecologistas y parte de los vecinos de la localidad. La iniciativa contempla la ocupación de cerca de 275 hectáreas de terreno agrícola, además de una línea de evacuación eléctrica de más de 40 kilómetros que atravesaría distintos municipios de la comarca.
La plataforma vecinal creada contra el proyecto, junto con organizaciones agrarias y ecologistas, acusa al Ayuntamiento de no haber informado adecuadamente sobre la tramitación de la instalación y reclama una moratoria que permita abrir un proceso de diálogo con los afectados.
Entre las organizaciones que han mostrado públicamente su rechazo figuran la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción y la Asociación Jóvenes Agricultores. Todas ellas han solicitado incluso el cese del delegado provincial de Agricultura y alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, al considerar que ha respaldado un proyecto privado “en perjuicio de los agricultores de la zona”.
Los colectivos críticos con la planta aseguran que muchos propietarios de terrenos afectados tuvieron conocimiento del proyecto recientemente, cuando recibieron comunicaciones de la empresa promotora planteando acuerdos económicos por el alquiler de las parcelas o advirtiendo de posibles expropiaciones.
Aurelio Brihuega, portavoz de la plataforma de afectados, asegura que los vecinos no fueron informados oficialmente durante el periodo de exposición pública del proyecto. Según explica, muchos agricultores desconocían completamente la tramitación administrativa y no tuvieron oportunidad de presentar alegaciones en plazo.
Las organizaciones agrarias alertan además del impacto que la instalación podría tener sobre la actividad agrícola y ganadera de la zona, especialmente entre jóvenes agricultores que actualmente mantienen ayudas vinculadas a la explotación de las tierras. También advierten del posible impacto paisajístico y medioambiental derivado tanto de la planta como de la infraestructura de evacuación eléctrica.
Juan José Laso, presidente de APAG, considera que el proyecto no aportará beneficios directos para la provincia y reclama abrir un periodo de negociación antes de continuar con la tramitación. “El Ayuntamiento tiene herramientas legales para regular este tipo de proyectos y debería promover un debate real con los vecinos”, señaló durante una comparecencia pública.
Por su parte, el alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, rechaza las acusaciones y sostiene que el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad vigente. El regidor asegura que el Consistorio está teniendo en cuenta tanto a los vecinos favorables como a quienes se oponen a la instalación.
El proyecto ya dispone de declaración de impacto ambiental favorable y del visto bueno inicial para su desarrollo, aunque todavía quedan pendientes distintas autorizaciones vinculadas a la línea de evacuación eléctrica. Los colectivos afectados esperan que las alegaciones y recursos presentados puedan frenar finalmente la iniciativa.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en la comarca y refleja el debate cada vez más presente en distintas zonas rurales sobre el equilibrio entre el despliegue de energías renovables, la protección del territorio y la actividad agrícola tradicional.
